Este lunes, el Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó tras las rejas a 56 imputados por el caso de una banda que traficaba armas impresas en 3D en Chile.
Los imputados por el Ministerio Público fueron declarados como autores de los delitos consumados de asociación criminal. También por tráfico de armas prohibidas, municiones adaptadas, explosivos y pirotecnia, y otros contemplados en la ley de control de armas.
Lea también: Ingresos irregulares detectados en la frontera cayeron un 86,7%.
IMPUTADOS POR EL CASO
En total, fueron formalizadas 59 personas, que incluían funcionarios públicos y menores de edad. De ese grupo, 48 adultos quedaron en prisión preventiva y 8 menores en internación provisoria en un centro juvenil.
La internación provisoria se trata de la medida cautelar más gravosa que se puede aplicar a un adolescente, bajo la Ley de Responsabilidad Penal. Equivale a la “prisión preventiva” de los adultos.
A su vez, tres personas quedaron con medidas menos gravosas. Dos con arresto domiciliario total y el último, otro menor, con arresto domiciliario parcial nocturno y sujeto al Servicio de Reinserción Social Juvenil.
“El Ministerio Público se encuentra satisfecho”, expresó Miguel Ángel Orellana, fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, “dado que se trató de una investigación de largo aliento y compleja”.
Además, contó “con una participación de una gran cantidad de funcionarios” de PDI cuya dotación fue “muy importante al momento de los allanamientos que se desarrollaron”, desarrolló Orellana.
PRIMERA DETENCIÓN TRAS INVESTIGACIÓN
La banda operaba desde octubre de 2024, a lo largo del país. Fue el pasado 21 de julio que el operativo liderado por la PDI dejó múltiples detenidos. Entre ellos, una carabinera y un funcionario del Ejército (ambos en prisión preventiva).
Durante el procedimiento que se realizó en 12 regiones del país, se incautaron armas de fuego, armas 3D, impresoras 3D, partes y piezas de armas de fuego, municiones, entre otros.
“Se encontró elementos para el diseño y la impresión de armas 3D como elemento característico de este caso”, indicó Orellana.
Asimismo, explicó que dichas armas “resultan muy complejas desde el punto de vista de la no trazabilidad que deja su utilización”. Y además, “porque generan un mercado negro tan importante como el que se pudo determinar en este caso, a través de la participación de los imputados en múltiples chats de Telegram”.
Finalmente, el Tribunal de San Bernardo acreditó todos los hechos por los que la Fiscalía Supraterritorial presentó antecedentes. Así, dictó dichas medidas cautelares y un plazo de investigación de 120 días.
El tribunal “consideró que se encontraban acreditados plenamente tanto los delitos por los cuales los imputados fueron formalizados, como su participación en los mismos”, indicó Orellana.
TRÁFICO DE ARMAS IMPRESAS EN 3D
La organización utilizaba grupos privados de Telegram y WhatsApp para coordinar la fabricación, comercialización y distribución clandestina de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y piezas impresas en 3D.
Además, contaba con reglas internas, mecanismos de seguridad y funciones específicas para cada integrante. Estaban los encargados de administrar los grupos en redes sociales, los fabricantes o armeros (incluidos especialistas en impresión 3D), comercializadores y facilitadores logísticos y financieros.
La orgánica le permitió a la estructura delictiva concretar múltiples operaciones de venta, envío y distribución de armas y municiones entre 2025 y lo que va de 2026.
Muchas de ellas se concretaron por medio de encomiendas que fueron registradas y documentadas. Ello, mediante el uso de agentes encubiertos y reveladores, vigilancias, seguimiento e interceptación de envíos que culminaron con allanamientos simultáneos en domicilios de, prácticamente, todo el país.
Fiscalía Supraterritorial logró Prisión Preventiva para 56 imputados por el llamado «Caso 3D», donde 48 quedaron en prisión preventiva, 8 en Internación provisoria en centro de menores y 3 personas que quedaron con medidas menos gravosas.
Durante la operación que se realizó en… pic.twitter.com/luQbHtCcIh— Fiscalía Supraterritorial (@FiscaliaFSTcl) August 10, 2026
