Este viernes, el 9.º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para tres funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú, junto a tres captadores externos, por su participación en una red de corrupción que facilitaba la entrega de licencias de conducir falsas.
La decisión se adoptó tras la formalización de los seis imputados por los delitos de otorgamiento y obtención fraudulenta de licencias de conducir, soborno, falsificación de instrumento público y tenencia ilegal de un arma de fogueo adaptable.
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Los imputados permanecerán privados de libertad mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días por el tribunal. En tanto, las seis personas que compraron las licencias irregulares quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
INVESTIGACIÓN
La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones, comenzó en 2023 luego de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunciara sospechas de corrupción en la emisión de licencias dentro de su municipio.
A raíz de esa querella, se inició una indagatoria que reveló la existencia de una estructura organizada compuesta por captadores que ofrecían documentos falsos a través de redes sociales y funcionarios municipales que facilitaban la aprobación irregular de los exámenes requeridos para obtener el documento.
Durante el operativo, se allanaron 19 inmuebles en Maipú, Estación Central, Cerrillos y Quinta Normal, en los que participaron más de 100 funcionarios de distintas unidades de la PDI, incluyendo la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Cibercrimen.
Según el fiscal regional Marcos Pastén, los implicados cobraban entre $500 mil y $900 mil por licencia, dependiendo de si el comprador era chileno o extranjero. Además, se descubrió el uso de certificados de residencia y estudios falsos, lo que permitió a personas sin los requisitos legales obtener licencias clase B e incluso profesionales.
La investigación también arrojó que los compradores incluían personas con dificultades para acreditar estudios básicos o extranjeros que no contaban con documentación regularizada. El Ministerio Público no descartó nuevas imputaciones a medida que avance el proceso judicial.
