Tres guardias municipales de Viña del Mar fueron formalizados por el delito de tortura y quedaron en prisión preventiva tras golpear brutalmente a un hombre en situación de calle.
La situación se viralizó rápidamente gracias a un video registrado por un transeúnte el cual se difundió en redes sociales. El hecho ocurrió en la calle Etchevers, cerca del Estero Marga Marga.
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En el registro audiovisual, se observa como los guardias golpean al hombre con una luma de defensa personal y un palo de madera, dirigiendo los golpes a su cabeza y extremidades superiores.
Tras el ataque, se trasladó a la víctima de urgencia al Hospital Gustavo Fricke, donde se le atendieron las lesiones sufridas, señalando luego que se encuentra fuera de riesgo vital.
La brutalidad de la agresión y la indignación de la comunidad y las autoridades locales ante este hecho, fueron los factores que motivaron la denuncia ante el Ministerio Público y la posterior detención de los responsables.
FORMALIZACIÓN POR TORTURA
Durante la formalización, la Fiscalía inicialmente buscó que se formalizara a los tres guardias por homicidio frustrado y tortura. Sin embargo, el tribunal, basado en las pruebas presentadas, resolvió procesarlos únicamente por tortura, debido a la violencia demostrada en el video y la indefensión de la víctima.
El juez Francisco Cabezas, del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, explicó que el ataque se perpetró con armas de servicio proporcionadas por la municipalidad y que los guardias se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones de seguridad.
Asimismo, el magistrado destacó la «saña y especial insidia» con la que los guardias agredieron a una persona que no pudo defenderse.
ACCIONES DEL MUNICIPIO
Además de la indignación pública, la Municipalidad de Viña del Mar decidió separar de sus funciones a los tres implicados y presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Por su parte, el juez Cabezas determinó que el plazo de investigación se fijara en 80 días, tiempo en el que se seguirán recopilando pruebas y testimonios para avanzar en el caso. La decisión de mantener a los acusados en prisión preventiva se tomó bajo la premisa de que los guardias representan un «peligro para la seguridad de la sociedad».