Un intento violento de robo de automóvil ocurrió la noche del miércoles 5 de marzo frente a la Villa Frei de Ñuñoa, lo que motivó al alcalde Sebastián Sichel a anunciar la implementación de un estado de emergencia comunal para enfrentar la delincuencia.
Esa noche, el sargento segundo de Carabineros José Francisco Villegas resultó gravemente herido mientras frustraba una encerrona contra tres mujeres en la intersección de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco y necesitó reanimación.
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Villegas, quien regresaba a su casa tras terminar su turno, vio el atraco y decidió intervenir, siendo baleado en el proceso. Actualmente se recupera en el Hospital de Carabineros, luego de haber estado al borde de la muerte.
ENFRENTAMIENTO DE SICHEL Y ELIZALDE
La mañana de este jueves, Álvaro Elizalde, quien debutaba como ministro del Interior y Seguridad Pública, acudió al centro asistencial para conocer el estado de salud del carabinero y, a raíz de ello, generó polémica con el alcalde de Ñuñoa al restarle valor al anuncio de Sichel.
«No tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico», expresó Elizalde, acusando al alcalde de hacer una propuesta «comunicacional».
Sichel respondió, aclarando que la medida tiene como objetivo permitir que el municipio obtenga «en el menor tiempo posible» herramientas para la seguridad, disuasión y prevención vial. «Sabemos que no es suficiente, y esperamos que el nuevo ministro del Interior deje de actuar como un comentarista más de la contingencia y asuma rápidamente su cargo. Los municipios necesitamos herramientas extraordinarias en seguridad», remarcó.
PRESIDENTE AMUCH
Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de Zapallar, se sumó al debate, comentando que «resulta curioso que el gobierno se enfoque en cuestionar una medida que ya ha sido implementada en municipios como La Reina, La Florida y Zapallar».
«Si bien el estado de emergencia comunal no está expresamente contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuenta con el respaldo de la Contraloría General de la República. Esta herramienta permite reasignar recursos para reforzar patrullajes preventivos, mejorar sistemas de vigilancia, instalar alarmas comunitarias y aplicar tecnología disuasiva. Es lamentable que el gobierno siga priorizando la crítica y reaccionando tarde», agregó Alessandri.
LA REINA LO IMPLEMENTÓ EL 2023
El 22 de noviembre de 2023, un vecino de La Reina disparó contra un grupo de antisociales que habían intentado robar en una casa cercana, causando la muerte de uno de ellos, un menor de 15 años.
Este hecho, sumado a otros casos delictivos, llevó al alcalde José Manuel Palacios (UDI) a decretar un estado de emergencia en la comuna.
«El decreto de emergencia nos permitió agilizar procesos internos y administrativos, que en un estado normal, toman tiempo. Se puede agilizar, por ejemplo, la contratación de servicios, como implementos para protección de inspectores, arriendo de vehículos de inspectores o instalación de cámaras en lugares donde los vecinos han sido víctimas de delincuencia», explicó Palacios a La Tercera, destacando las acciones implementadas entonces.
LA FLORIDA
Días después, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, también implementó la medida y anunció la reasignación de presupuesto para aumentar los recursos destinados a la seguridad ciudadana, así como la contratación de exuniformados de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
En una entrevista con CNN Chile, el entonces contralor Jorge Bermúdez aclaró que «No existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad», señalando que «Los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución y por las causales establecidas ahí».
Por esos días, el gobernador Claudio Orrego abogaba por un estado de excepción para la Región Metropolitana, mientras que los municipios de Zapallar y Calama adoptaban decretos similares a los de las comunas capitalinas.
Carter respondió a Bermúdez en una entrevista con Tele 13 Radio, manifestando que esperaba «más rigor» de la autoridad.
MEDIDA
En conversación con La Tercera, el exalcalde de La Florida puntualizó que las municipalidades no cuentan con un estado de excepción constitucional, sino que pueden realizar una redistribución de recursos y acelerar procesos para atender la demanda de los ciudadanos por mayor seguridad.
Respecto a la crítica de Elizalde a Sichel, Carter la calificó de «malintencionada», asegurando que en el Ejecutivo son conscientes de que no se está aplicando un estado de excepción restrictivo, sino una herramienta que «habilita procesos».
«Sichel está haciendo lo correcto y es vergonzoso que el estreno del ministro sea tan malo», expresó.
Carter también destacó que, cuando ellos implementaron el estado de emergencia comunal, se evitó la contratación directa y las licitaciones se mantuvieron de acuerdo con la normativa habitual.
¿QUÉ OPINA LA CONTRALORÍA?
En respuesta a una consulta realizada por la diputada Daniela Serrano sobre la competencia de los municipios para declarar un estado de emergencia comunal, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República indicó en un oficio que «La normativa permite a las entidades edilicias ejercer funciones relacionadas con la seguridad pública de la comuna, de manera que aquellas se encuentran habilitadas para adoptar medidas referidas a dicho ámbito, siempre que ello no implique invadir las atribuciones de los organismos competentes en la materia».
Respecto a los decretos emitidos en La Florida, el organismo explicó que «corresponden más bien a medidas de gestión interna para redistribuir recursos propios enfocándolos a la prevención del delito y promoción de la seguridad pública dentro de su territorio, lo que se adecua a la referida función municipal sobre la materia».