El Movimiento de Pobladores Organizados interpuso una querella por el delito de estafa contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, en el contexto del desalojo y demolición de una parte de la megatoma del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio.
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El Movimiento de Pobladores Organizados presentó la acción judicial en diciembre y acusa a las autoridades de Gobierno de incurrir en una presunta estafa al impulsar un acuerdo y un plan habitacional que califican de injustificado y unilateral, además de atribuirles un rol de cómplices con la Federación de Cooperativas.
QUERELLA
Según expone la querella, durante múltiples instancias de negociación se habría establecido como compromiso con el Estado la entrega de la totalidad de los terrenos de la megatoma para desarrollar un proyecto habitacional que garantizara condiciones dignas para las familias.
No obstante, el plan impulsado por el Gobierno del presidente Gabriel Boric en diciembre y que comenzó a ejecutarse desde el 12 de enero contempla solo 100 hectáreas del terreno.
Ante esta situación, la organización presentó la querella a fines de 2025, la que actualmente se encuentra ingresada y en tramitación ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.
MINISTRO MONTES POR MEGATOMA
Gustavo Sepúlveda, vocero del movimiento, sostuvo que el proceso de acuerdo y el plan habitacional fueron impuestos de manera unilateral y constituyen un actuar fraudulento por parte del Ejecutivo.
“El ánimo de esto es justamente evidencia que, todo este proceso, desde que al poco andar del protocolo de acuerdo hasta lo que fue el acto expropiatorio en diciembre de 2025, fue fraudulento, ilegítimo. Las dirigentas estaban amenazadas“, afirmó.
En el escrito judicial se sostiene que todo el procedimiento, desde el protocolo de acuerdo inicial hasta el acto expropiatorio del 3 de diciembre de 2025, estaría marcado por irregularidades, presiones ejercidas sobre dirigentes sociales y la falta de fundamentos reales de interés público, nacional o social que respalden la expropiación.
FISCALÍA
En ese contexto, la querella solicita al Ministerio Público que investigue los hechos denunciados, cite a declarar a las autoridades involucradas y requiera antecedentes sobre la legalidad tanto de las cooperativas como del acto expropiatorio.
Asimismo, se pidió la adopción de una medida cautelar que permita suspender los desalojos, argumentando que la sentencia judicial se estaría ejecutando de manera parcial y fuera del marco legal.
De este modo, será el Juzgado de Garantía de San Antonio el tribunal encargado de resolver las acciones judiciales presentadas por el Movimiento de Pobladores Organizados, mientras el proceso sigue desarrollándose en el sector Los Pinos–Don José.
