Este martes, la Corte Suprema manifestó su molestia por el recorte presupuestario al Poder Judicial. Asimismo, informó que se encuentran gestionando reuniones con autoridades para «revertir o aminorar los efectos dañinos» que provocará el ajuste para 2025.
Tras una sesión extraordinaria, el máximo tribunal desglosó las partidas afectadas por la disminución: Gastos de Personal, el Programa de Rezago de Causas Judiciales, Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos no Financieros.
Con estas modificaciones, la Suprema advirtió que la rebaja pone en «riesgo la continuidad operacional de la institución. Dado que implica restringir el presupuesto de suplencias, que permite financiar una parte de las ausencias de personal de tribunales, no disponible por feriado o licencias médicas».
Lea también: Valencia recalca «problemas graves» por recorte al presupuesto de Fiscalía.
RECORTE PRESUPUESTARIO AL PODER JUDICIAL
Junto con lo anterior, recalcó que el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso implica «reducir aún más la capacidad de tribunales y aumentar las cargas de trabajo existentes».
Por ello, reclaman que la medida empeora el poco avance de los proyectos legislativos para aumentar la dotación de funcionarios. En concreto, «en el corto y mediano plazo se proyecta que el déficit estructural de dotación se mantendrá».
Asimismo, señaló que el ajuste en Adquisición de Activos no Financieros afectará a la seguridad informática de la institución. Además, «afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia».
Respecto a los Bienes y Servicios, el máximo tribunal manifestó que además del aumento de los costos operacionales, estiman un impacto por el alza del costo de la electricidad, «lo que sin duda aumentará el déficit en este subtitulo de este Poder del Estado, el cual bordeará los 8 mil millones de pesos».