Un caso de fraude que involucra a la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep) de Iquique —conocida popularmente como la Tía Rica— ha generado indignación pública. Durante nueve meses, un funcionario de planta logró seguir cobrando su sueldo íntegro mientras se encontraba en prisión preventiva por un delito de abuso sexual contra una menor de edad. Lo hizo mediante la presentación de once licencias médicas consecutivas, ahora bajo sospecha.
La denuncia fue presentada por el Instituto Chileno de Políticas Públicas, que recibió una alerta ciudadana desde Iquique. Según la información recopilada, el funcionario ingresó al Centro Penal de Alto Hospicio el 14 de abril de 2023, fecha en la que presentó la primera de varias licencias médicas emitidas por médicos generales vinculados al sistema público.
Lea también: Cobre se desploma, pero peso chileno resiste por exclusión arancelaria
SUELDO REAJUSTADO
Durante el período comprendido entre abril de 2023 y enero de 2024, el trabajador presentó un total de once licencias, lo que le permitió mantener su salario como si estuviera cumpliendo funciones. En enero incluso recibió un reajuste, con lo que su remuneración superó el millón y medio de pesos mensuales.
Desde la Dicrep aseguraron que desconocían la situación, ya que el Ministerio Público no informó formalmente sobre la detención del funcionario, dado que se trataba de una investigación con carácter reservado. Recién en diciembre de 2023 la institución tomó conocimiento del caso y en enero del año siguiente la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) rechazó las licencias presentadas.
SUMARIO Y DESTITUCIÓN
La situación derivó en la apertura de un sumario administrativo, el cual concluyó que hubo faltas graves a la probidad administrativa y falsificación de documentos. Como resultado, el funcionario dejó de recibir sueldo en febrero de 2024. En mayo fue condenado por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años, y en junio fue oficialmente destituido de su cargo.
Actualmente, el condenado se encuentra cumpliendo su sentencia en el penal de Alto Hospicio, donde deberá permanecer al menos hasta agosto de 2026.
Más allá de la condena por abuso, el Ministerio Público abrió una nueva arista en el caso. Ahora el exfuncionario enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco, debido al uso de licencias médicas falsas para seguir cobrando sueldo mientras estaba preso.