Un grupo de 134 internos del penal Punta Peuco, todos adultos mayores condenados por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La acción busca frenar una reciente decisión de Gendarmería que les obliga a retirar sus refrigeradores personales, los cuales utilizan para conservar medicamentos y alimentos esenciales para su salud.
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La abogada penalista Carla Fernández Montero, quien representa a los reos, interpuso el recurso acusando a Gendarmería de adoptar una medida que atenta contra los derechos fundamentales de los internos.
DOCUMENTO
Según detalla el documento judicial, el conflicto surgió luego de que Gendarmería comunicara el retiro de la mayoría de los refrigeradores que los reclusos han usado durante años para guardar insumos médicos, productos perecibles y alimentos especiales.
La notificación, fechada el 19 de junio de 2025 y firmada por el alcaide del recinto, Mayor Cristóbal Vargas, otorgó un plazo de siete días para ejecutar el retiro, permitiendo que solo permanezca un refrigerador por cada cinco personas privadas de libertad.
«El día 19 de junio de 2025, el Sr. Alcaide del penal Mayor Cristóbal Vargas, comunicó a los internos del recinto que, por disposición de la Jefatura Nacional de Gendarmería, se retirará la mayoría de los refrigeradores que por años han venido utilizando los reclusos para satisfacer sus necesidades de salud y nutricionales -conservando los insumos médicos y alimentos enterales y perecibles- dándoles una semana de plazo -hasta el 26 de junio de 2025- para que avisen a sus familiares y procedan al retiro de los mismos, así como al vacío de los alimentos e insumos contenidos en estos artefactos, dejando un promedio», indica el recurso.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
De acuerdo con la abogada Fernández, la justificación oficial entregada por la institución apunta a criterios de eficiencia energética.
Sin embargo, entre los internos se interpreta esta medida como parte de los cambios anunciados por el Gobierno, en el marco del plan de transformar Punta Peuco en un penal “común”, lo que implicaría recibir internos con otros perfiles delictuales.
«De acuerdo a la información recabada por los presos, la decisión se enmarca dentro del reciente anuncio del Presidente Boric durante la cuenta pública de convertir a Punta Peuco en una cárcel ‘común’, para lo cual, se requiere del espacio que actualmente ocupan estos refrigeradores y que permitirían albergar aproximadamente a 40 internos ‘comunes’ más, en modalidad de camarotes», añade el libelo.
CUENTA PÚBLICA
Cabe recordar que en su última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric informó que Punta Peuco dejaría de funcionar exclusivamente como recinto para condenados por crímenes de lesa humanidad, pasando a albergar internos comunes.
El recurso enfatiza que la mayoría de los reclusos del penal supera los 80 años de edad y presenta enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías terminales.
Según se argumenta, varios de ellos requieren mantener refrigerados medicamentos como la insulina, además de suplementos y alimentos que no se incluyen en la dieta proporcionada por el recinto penitenciario.
«Los refrigeradores posibilitan preservar diversos alimentos perecibles, especialmente, lácteos, carnes y huevos, que constituyen una parte esencial de la alimentación de un adulto mayor, y que el ‘rancho’ diario no es capaz de satisfacer, especialmente, en personas que requieren alimentación con alto contenido proteico más que graso, como son los 78 reos hipertensos», resalta el recurso de amparo contra Gendarmería.
GENDARMERÍA
Además, la abogada cuestiona que Gendarmería haya invocado sus atribuciones para aplicar esta decisión, asegurando que no por ello se evita el carácter arbitrario y perjudicial de la medida.
«Que el hecho que Gendarmería de Chile señale que está obrando dentro de la esfera de sus atribuciones o por ‘razones de seguridad’, no significa por ello que su medida no sea lesiva de los derechos fundamentales de los internos que represento especialmente, el derecho a la seguridad individual y que por esta razón, sea un acto arbitrario o ilegal que produzca daño y sufrimiento en la población penal, constituyendo un mal trato o tortura hacia estas personas que mancilla su dignidad», acusa la jurista.
DENUNCIAN TRATO DEGRADANTE
En esa línea, Fernández sostiene que sus representados están siendo víctimas de un accionar contrario a derecho:
«Mis representados están siendo tratados de manera contraria a derecho, lo que constituye un trato cruel e inhumano. En efecto, las condiciones descritas, constituyen un atentado flagrante a su dignidad».
RECURSO
El recurso también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que ha reconocido la necesidad de un trato carcelario diferenciado para adultos mayores y personas enfermas, similar al que se brinda en los establecimientos de larga estadía.
Asimismo, apela a estándares internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Nelson Mandela de la ONU, que exigen condiciones penitenciarias que resguarden la dignidad y salud de los internos.
Entre las solicitudes presentadas al tribunal se encuentra una orden de no innovar que suspenda la ejecución de la medida mientras se analiza el fondo del recurso. También se pide mantener los refrigeradores en su estado actual, una fiscalización al recinto por parte del Ministerio Público y la adopción de medidas administrativas que prevengan nuevas vulneraciones.
