La visita de los fiscales venezolanos a Chile ha generado expectación, aunque su solicitud de colaboración en la investigación del trágico asesinato del exmilitar Ronald Ojeda ha levantado ciertas controversias legales.
Héctor Barros, el fiscal a cargo del caso, ha enfatizado la naturaleza confidencial de la pesquisa, expresando reservas sobre el encuentro con sus pares de Caracas y rechazando la posibilidad de compartir detalles de la investigación.
Sin embargo, Juan Carlos Manríquez, representante legal de la familia de Ojeda, describió la reunión con los fiscales venezolanos como «provechosa» tras su encuentro de ayer.
FISCALÍA GENERAL DE VENEZUELA
La comitiva de la Fiscalía General de Venezuela, liderada por Álvaro Cabrera y Ángel Fuenmayor, se encuentra en Chile para discutir el secuestro y homicidio de Ojeda, que tuvo lugar en febrero pasado.
Su agenda incluye reuniones con autoridades del Ministerio Público chileno, la Policía de Investigaciones (PDI) y los familiares de la víctima, así como una visita al único acusado por este crimen en la cárcel.
Aunque la notificación de su visita se realizó con poco tiempo de anticipación, las autoridades chilenas han expresado que los requisitos planteados por los fiscales venezolanos superan los límites legales en la fase actual de la investigación.
PROTOCOLOS DE ASISTENCIA PENAL
Héctor Barros explicó que, de acuerdo con los protocolos de asistencia penal internacional, se restringe la capacidad de llevar a cabo investigaciones en territorio extranjero sin seguir los canales oficiales establecidos.
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Además, debido a la confidencialidad de la investigación, no puede proporcionar información detallada sobre el caso.
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Manríquez, por otro lado, destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para avanzar en la resolución del caso y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Hasta el momento, solo hay un sospechoso bajo custodia por el secuestro y asesinato de Ojeda, un adolescente venezolano de 17 años. Dos personas más están identificadas como sospechosas, pero permanecen prófugas de la justicia.