Durante las últimas horas salió a la luz una grave irregularidad que involucra a diversos establecimientos educacionales de Curicó.
El medio Radio Biobío reveló que, a pesar de las necesidades urgentes, el Departamento de Educación Municipal no usó más de $800 millones en la reparación de colegios, pese a que esos recursos estaban destinados originalmente a ese propósito.
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De acuerdo con la información difundida, el origen del problema se remonta a las inundaciones que afectaron a la zona centro-sur del país durante el invierno de 2023.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
En respuesta a esa emergencia, el Ministerio de Educación (Mineduc) asignó recursos destinados a reparar ocho escuelas que sufrieron daños producto del agua, contemplando licitaciones para cada obra y un presupuesto total de $885.745.616.
No obstante, esos fondos no fueron usados en las obras planificadas, lo que llevó al actual alcalde de Curicó, George Bordachar, a presentar una querella por el delito de aplicación pública diferente.
Una auditoría de los gastos del municipio reveló que la administración anterior destinó los dineros a cubrir otros «gastos generales», según se indica en la acción judicial.
RECURSOS
Los recursos comprometidos correspondían a fondos del Mineduc para el año 2024, específicamente provenientes de programas de Emergencia Regular y Conservación, lo que implicaba la obligación de rendir cuentas sobre su uso.
Dado que no se cumplió con ese objetivo, el municipio ahora enfrenta una deuda con el Estado por el monto involucrado.
El alcalde Bordachar declaró al mismo medio que «Esta situación quedó en evidencia en el mes de enero del 2025. Me correspondía firmar contratos para mejoramiento y conservación de escuelas de la comuna. Estamos hablando de procedimientos de contratación cerrados, adjudicados y en situación de formalizar la firma de contrato. En esas condiciones, el equipo asesor que instalamos en el Departamento de Educación, se percata que los fondos destinados a esos contratos de obra de mejoramiento y conservación, no estaban disponibles desde el año 2024».
Además, agregó que «La administración anterior lo utilizó indebidamente para pagar otros gastos generales, lo que constituye un delito de aplicación pública diferente, de fondos públicos, con un perjuicio cercano a los 900 millones de pesos, que hoy se traducen en colegios que se llueven por falta de mantenimiento, exponiendo a nuestros alumnos y profesores, si la situación en sí ya es anómala».
