Luego de que se difundiera una noticia sobre el hallazgo de una adulta mayor en condiciones sanitarias críticas y la detención de su hija por presunto maltrato y degradación, familiares de ambas mujeres entregaron antecedentes que —aseguran— el relato inicial del caso no consideró, especialmente aquellos vinculados a diagnósticos de salud mental y demencia que marcarían el contexto del hecho.
Según la información publicada, Carabineros habría llegado al domicilio tras una denuncia anónima, encontrando a la mujer mayor en una habitación con malos olores, rodeada de basura y con indicios de desnutrición, situación que derivó en la detención de su hija, quien figuraba como su cuidadora.
PROCEDIMIENTO
No obstante, la nieta de la adulta mayor, María José Parot, sostiene que el procedimiento se originó por una situación distinta: una filtración de agua que inundó el patio de una vecina, lo que motivó el llamado a Carabineros para verificar si algo había ocurrido al interior del domicilio.
De acuerdo con su versión, la adulta mayor padece demencia, condición que habría influido en las declaraciones entregadas a los funcionarios policiales. La familia afirma que la mujer requiere cuidados permanentes y que su hija, detenida en el procedimiento, también presenta problemas de salud mental, lo que complejiza la situación.
“Ambas son dependientes y necesitan una cuidadora externa. Esto es algo que la municipalidad y distintas personas conocen, pero la ayuda nunca llega si no hay alguien que esté presente e insistiendo de forma permanente”, señala Parot. Agrega que durante algunas semanas ambas quedaron solas, mientras ella finalizaba su proceso académico, lo que habría agravado el escenario.
ANTECEDENTES
La familia acusa que, pese a existir antecedentes médicos y conocimiento previo de la situación por parte de organismos locales, el caso fue abordado desde una lógica estrictamente penal. “Se habló de maltrato y negligencia, sin considerar el diagnóstico de demencia ni la enfermedad mental de mi mamá. No hubo una evaluación integral, solo una acusación”, afirma.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática recurrente: la judicialización de situaciones de cuidado extremo, donde el deterioro cognitivo, la salud mental y la ausencia de redes estatales terminan confluyendo en procedimientos policiales y detenciones, sin una intervención social o sanitaria previa.
Mientras la investigación sigue su curso, el debate se instala más allá de la responsabilidad penal: ¿qué ocurre cuando el Estado no acompaña a tiempo a familias sobrecargadas y solo interviene cuando la crisis ya estalló?
