Santiago 1 se expande, pero… En julio de 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, –hoy a cargo de Seguridad– lanzó una frase tajante: “O se deja de enviar gente a la cárcel, se construyen plazas rápido o se dicta una ley de indulto general”.
El comentario respondía a las críticas por el avance del plan de construir un nuevo penal en la comuna de Santiago, justo en el eje de Av. Pedro Montt, como extensión de Santiago 1.
La iniciativa apuntaba a combatir el hacinamiento carcelario y fortalecer el control del crimen organizado con módulos de alta y máxima seguridad. Desde el gobierno aseguraron que las obras empezarían en 2025 y que el recinto estaría “a punto de terminarse” antes del fin del mandato. Pero la realidad es otra.
Lea también: Semana Santa 2025: seis muertos por accidentes de tránsito
CALENDARIO EN PAUSA
La ficha técnica oficial del proyecto, elaborada por la Dirección de Concesiones del MOP, retrasa todos los plazos. La licitación se publicará pronto, pero recién en el tercer trimestre de 2026 se adjudicaría, y los trabajos empezarían entre octubre y diciembre de ese año, con obras efectivas a partir de 2027. ¿La habilitación? Para 2030.
El proyecto considera ampliar la capacidad actual de 4.000 internos con 600 nuevas plazas, distribuidas en tres módulos de alta seguridad (550) y uno de máxima seguridad (50).
También incluirá una unidad de salud penal, nuevas oficinas para Gendarmería, un centro de adiestramiento canino y rehabilitación de infraestructura existente. Todo esto por un costo de 4.750.000 UF, es decir, más de $185 mil millones, con una concesión de hasta 20 años.
PRESIÓN DESDE EL MUNICIPIO
Aunque la Corte Suprema impidió en febrero que se detuviera el proyecto, la administración del alcalde Mario Desbordes sigue buscando bloquearlo. El 3 de marzo presentaron una demanda ante el 17º Juzgado Civil de Santiago para anular la resolución que autorizó la ampliación. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ya fue notificado.
Desbordes se ampara en el rechazo ciudadano: en una consulta realizada en marzo, el 86% de los vecinos se opuso a la nueva cárcel. “Si el gobierno no da pie atrás, pediremos al próximo presidente que redestine el proyecto fuera del radio urbano”, advierte el edil.
MINISTERIO INSISTE
Pese al retraso y las tensiones, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defiende la ampliación como parte del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que busca sumar 15 mil nuevas plazas de aquí a 2030. Además, señala que si se aprueba el fast track penitenciario, los trabajos podrían comenzar antes.
“De aprobarse por el Congreso, las obras de construcción se extenderían entre 24 y 36 meses (…). Es un proyecto que ha concitado un amplio apoyo, lo que da cuenta de la relevancia que tiene el sistema penitenciario para la seguridad pública”, remarca Gajardo.
Y ante las críticas, abre la puerta al diálogo: “Hemos expresado disposición a buscar todos los mecanismos para que esta obra, necesaria, tenga un impacto favorable para el entorno y los vecinos”, concluye.
