Nacional y economía

Secuestro en Antofagasta destapa red narco internacional

Cristian Navarro H.

Periodista

Secuestro
Foto: búnker subterráneo de cemento, utilizado para confinamientos y almacenamiento de droga
De acuerdo con el fiscal regional Juan Castro Bekios, la organización estaba compuesta mayoritariamente por extranjeros, en especial colombianos

Carabineros y la Fiscalía de Antofagasta desmantelaron una organización internacional que operaba con niveles de brutalidad y sofisticación poco comunes en el norte del país. La investigación partió con un secuestro, pero terminó revelando una red criminal dedicada al acopio y distribución de drogas, con un centro de operaciones camuflado entre viviendas precarias en el campamento “Mujeres cabeza de familia”.

El ciudadano colombiano logró escapar de un búnker subterráneo de cemento —utilizado para confinamientos y almacenamiento de droga—, donde fue sometido a torturas durante varias horas, antes de ser finalmente hallado.  Presentaba heridas por golpes, quemaduras e incluso la mutilación parcial de una oreja. Su testimonio permitió a los investigadores seguir el rastro de los captores y activar una serie de allanamientos que culminaron con seis detenidos.

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De acuerdo con el fiscal regional Juan Castro Bekios, la organización estaba compuesta mayoritariamente por extranjeros, en especial colombianos, y había consolidado su poder dentro del campamento mediante la intimidación y la violencia. “No solo se trataba de tráfico de drogas, sino de una estructura que no dudaba en eliminar o castigar a quien se interpusiera”, señaló el persecutor.

El general Cristian Montre, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, explicó que las diligencias del OS7 y OS9 permitieron identificar cinco inmuebles vinculados al grupo, entre ellos varias construcciones reforzadas de tipo búnker.  La Fiscalía formalizó a los detenidos por asociación criminal y secuestro agravado, y el tribunal ordenó su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad pública.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 90 días para indagar si la banda estuvo involucrada en otros delitos violentos o si mantiene vínculos con redes de narcotráfico internacionales que operan desde asentamientos irregulares en el norte chileno.

 

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