En los últimos meses, diversos casos de adultos mayores reportados como desaparecidos han generado preocupación en el país.
Ejemplos como el de María Elcira Contreras (86) en Limache, Julia Chuñil (73) en Máfil, y la concejala de Villa Alegre María Ignacia González (73) reflejan una realidad alarmante: adultos mayores cuyo paradero aún es desconocido.
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A pesar de que las investigaciones siguen su curso y las hipótesis son diversas, todos estos casos comparten un factor común: involucran a personas mayores y se registran bajo la categoría de presunta desgracia, según el Ministerio Público.
CIFRAS DE LA FISCALÍA SOBRE ADULTOS MAYORES
De acuerdo con cifras de la Fiscalía Nacional, hasta el 14 de julio de 2025 se han reportado 1.011 denuncias de presunta desgracia correspondientes a personas mayores de 60 años.
Esto equivale a un promedio de 5,2 adultos mayores desaparecidos por día durante los primeros siete meses del año.
En comparación con años anteriores, este número representa un aumento del 3,8% respecto a 2024, cuando se denunciaron 1.838 desapariciones (cinco diarias). Sin embargo, el promedio sigue siendo más bajo que en 2023, cuando se contabilizaron 2.014 casos, es decir, 5,5 personas desaparecidas por día.
DENUNCIAS SOBRE DESAPARICÓN DE ADULTOS MAYORES
Cabe destacar que estas cifras solo reflejan el ingreso de denuncias y no necesariamente el desenlace de cada caso.
En cuanto al género, el 69% de los desaparecidos este año son hombres, mientras que el 31% corresponde a mujeres, porcentaje que supera el 28% de 2024 y el 27% de 2023.
DESIGUAL DISTRIBUCIÓN REGIONAL
El Ministerio Público también desglosa la información por fiscalías regionales, diferenciando entre número de casos y número de víctimas, ya que una misma persona puede estar incluida en más de una denuncia.
La Región Metropolitana lidera las estadísticas con 654 casos en lo que va de 2025. Dentro de la capital, la Fiscalía Centro Norte encabeza los reportes con 221 casos, seguida por la Fiscalía Sur (189), Occidente (149) y Oriente (95).
Otras regiones con altos registros son Valparaíso (186 casos), Biobío (138), La Araucanía (137), Coquimbo (72) y Los Lagos (61).
ESCENARIOS POSIBLES
Ymay Ortiz, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, señala que existen tres desenlaces frecuentes en estos casos: «El primero, que es en la gran mayoría, se encuentra a la persona. En otra cantidad de casos se confirma que ocurrió una desgracia, ya sea porque fue víctima de un delito o desgracia accidental. Y la tercera son aquellos que no se resuelven nunca, eso es lo más doloroso».
Por esa razón, Ortiz recalca que «Todas las presuntas desgracias deben ser revisadas con un protocolo» desde el inicio.
Aunque en la mayoría de los casos se resuelven, enfatiza que «Todas las presuntas desgracias deberían ponerse en el peor de los casos», y que las primeras diligencias son claves para esclarecer lo sucedido.
ENFOQUE PREVENTIVO Y APOYO COMUNITARIO
Claudia Asmad, directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), sostiene que «Di bien la seguridad recae en otras instituciones, creemos que el cuidado y los ambientes seguros para las personas mayores son una responsabilidad compartida entre familias, comunidades y la sociedad en su conjunto».
Agrega que «Desde Senama trabajamos para fortalecer redes de apoyo, prevenir el aislamiento social y entregar orientaciones técnicas que ayuden a evitar situaciones de riesgo que puedan afectar la integridad de las personas mayores».
Entre las iniciativas que destacan están el acompañamiento comunitario, los centros diurnos, el envejecimiento activo y la inclusión digital.
Críticas a la investigación y sesgos institucionales
El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de María Elcira Contreras, critica que las investigaciones de este tipo de desapariciones «Históricamente han estado teñidas de un sesgo negativo».
Según él, asumir que las personas mayores están afectadas mental o físicamente retrasa las diligencias iniciales.
En el caso de María Elcira, lamenta que se hayan perdido las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban su última aparición. Por ello, enfatiza que «Ese sesgo inicial no puede seguir pasando, porque Chile suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos Fundamentales de las Personas de la Tercera Edad. Y eso obliga al Estado chileno a tener una mirada y una perspectiva especial».
Manríquez insiste en que «Chile tiene una obligación internacional de aplicar a estas personas los mejores criterios de investigación criminalística modernos», sin suponer de antemano que están desorientadas, enfermas o que su desaparición fue accidental.
JULIA CHUÑIL
Desde otra experiencia, Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Chuñil, plantea que «La gran dificultad en el caso de Julia es la falta de dirección especializada respecto de búsqueda en la Fiscalía».
Asegura que «Cada fiscal que ha pasado ha decidido cosas distintas, sin analizar claramente desde su posición como mujer adulta mayor mapuche».
Además, advierte que no existen equipos preparados para manejar tecnología y metodologías específicas para encontrar personas desaparecidas. «Debieran destinarse unidades especializadas para la búsqueda de personas. Por ahora solo depende de la suerte si es que el fiscal ha tenido algún tipo de especialización», concluye.
