La Policía de Investigaciones (PDI) contará con nuevas herramientas para localizar y ejecutar expulsiones de extranjeros con órdenes vigentes, luego de que el Senado aprobara el informe de la comisión mixta y despachara del Congreso el proyecto que modifica este procedimiento administrativo.
La iniciativa recibió 37 votos a favor y una abstención en la Cámara Alta. Previamente, la Cámara de Diputados había respaldado el texto con 128 votos favorables, 11 en contra y ninguna abstención, según informó La Tercera.
Una de las principales modificaciones permitirá a la PDI ingresar a inmuebles donde se encuentren personas con órdenes de expulsión vigentes, previa autorización judicial. El juez tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud.
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA
El mecanismo de ingreso a domicilios fue uno de los puntos que debió resolver la comisión mixta ante las diferencias entre ambas cámaras. La versión original entregaba esa autorización al subsecretario del Interior y contemplaba una revisión judicial posterior.
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El acuerdo modificó esa fórmula y estableció que la intervención de un juez deberá producirse antes del ingreso policial.
El proyecto también permitirá al Servicio Nacional de Migraciones solicitar a personas naturales, empresas y funcionarios públicos información para ubicar y notificar a extranjeros en situación irregular. Entre los antecedentes que podrá requerir figuran el nombre completo, domicilio y correo electrónico.
Además, reduce los plazos para reclamar contra estas medidas y extiende de tres a cinco años la prohibición de reingreso al país de las personas expulsadas.
RESPALDO TRANSVERSAL A LA INICIATIVA
Durante la discusión, parlamentarios de distintos sectores coincidieron en la necesidad de disminuir la distancia entre las órdenes de expulsión dictadas y aquellas que efectivamente se cumplen.
El senador republicano Renzo Trisotti sostuvo que las autoridades requieren herramientas suficientes para ejecutar estas resoluciones y advirtió sobre el impacto de su incumplimiento en la confianza ciudadana.
Desde Renovación Nacional, Andrés Longton destacó el carácter transversal de la tramitación, iniciada durante el gobierno de Gabriel Boric y concluida bajo la administración de José Antonio Kast. También valoró la autorización judicial para ingresar a domicilios y la posibilidad de notificar por correo electrónico.
Por su parte, la senadora socialista Danisa Astudillo subrayó las dificultades que ha enfrentado Tarapacá frente a la crisis migratoria. Según las cifras que expuso en la sesión, durante 2025 se dictaron más de 23 mil órdenes de expulsión en Chile, mientras que las expulsiones administrativas y judiciales materializadas superaron levemente las 1.200.
La parlamentaria sostuvo que esa brecha evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para hacer cumplir sus resoluciones.
🚨 El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular.
📜 La iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley.
✅ Refuerza el registro biométrico. ✅ Amplía de 3 a 5 años la prohibición de reingreso tras una expulsión. ✅ Fortalece herramientas para ejecutar las medidas de expulsión.
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— Senado Chile (@Senado_Chile) October 20, 2026
