La discusión sobre cómo sancionar las denuncias deliberadamente falsas sin desalentar a las víctimas de violencia marca la tramitación de un proyecto impulsado por la senadora Vanessa Kaiser (PNL) y otros cuatro parlamentarios. La iniciativa enfrenta cuestionamientos por las garantías del procedimiento y sus posibles consecuencias para quienes no logran acreditar judicialmente los hechos denunciados.
Según publicó Emol, la propuesta busca establecer un procedimiento judicial para determinar la falsedad de acusaciones, denuncias o querellas, además de contemplar sanciones y medidas de reparación para las personas afectadas.
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El principal punto de controversia radica en distinguir una denuncia intencionalmente falsa de aquella que termina archivada o sin condena por falta de pruebas, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
FUNDACIÓN ADVIERTE UN POSIBLE FRENO A LAS DENUNCIAS
La Fundación para la Confianza rechazó el proyecto en su forma actual y pidió al Senado no aprobarlo en esos términos. La organización advirtió que la propuesta podría exponer a nuevos procedimientos judiciales a personas que denunciaron de buena fe, pero no consiguieron demostrar los hechos.
Entre sus reparos, cuestionó la posibilidad de solicitar una declaración de falsedad tras un archivo provisional de la Fiscalía. También alertó sobre eventuales consecuencias patrimoniales para profesionales que intervienen en evaluaciones y sobre el riesgo de que niños y adolescentes deban participar nuevamente en procedimientos por los mismos hechos.
La fundación solicitó restringir las sanciones a quienes actúen con conocimiento de la falsedad, excluir a quienes tienen obligación legal de denunciar y asegurar una audiencia antes de imponer pagos.
KAISER PLANTEA EXIGIR INTENCIÓN DELIBERADA
Kaiser reconoció que no existen datos que permitan dimensionar con precisión el fenómeno y admitió que la redacción inicial, que incluía las expresiones “dolo o culpa grave”, podía generar confusión.
La senadora sostuvo que presentó una indicación para exigir dolo directo. Según explicó, ese cambio busca sancionar solo a quienes conocen la falsedad de los antecedentes y deciden activar el sistema judicial sobre esa base.
La parlamentaria afirmó que la modificación excluiría las denuncias desestimadas por falta de pruebas y los errores cometidos de buena fe. Además, defendió la necesidad de abordar el daño que pueden provocar las acusaciones instrumentales en conflictos familiares.
JUSTICIA PIDE RESGUARDAR A LAS VÍCTIMAS
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, consideró atendible estudiar cambios para enfrentar el uso instrumental de denuncias, aunque planteó observaciones al procedimiento propuesto y pidió evitar riesgos para las víctimas de violencia intrafamiliar.
La iniciativa recibió la aprobación de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia en agosto. Sin embargo, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género rechazó la idea de legislar el 5 de octubre.
El proyecto continúa su discusión en la Comisión de Constitución del Senado, donde el debate se concentra en cómo acreditar la falsedad y garantizar los derechos de denunciantes y denunciados.
