Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer que pudo comprobar que 47 personas y empresas usuarias de medios de pago electrónicos utilizaban esos dispositivos para realizar ventas de bienes y servicios. Esto, sin declarar los ingresos asociados ni pagar los impuestos correspondientes.
Lo anterior, se dio a partir de múltiples procesos de recopilación de antecedentes y de los análisis realizados por las subdirecciones Jurídica y de Fiscalización.
Cabe precisar que, el proceso de análisis fue entre los años 2020 a 2022. En ese contexto, la institución presentó una querella en contra de los contribuyentes que habían cometido dichos delitos tributarios, como también contra todos aquellos que aparecieran como responsables de dichas conductas.
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SII SE QUERELLA CONTRA CONTRIBUYENTES
Lo primero que hizo el SII fue presentar tres denuncias para solicitar la investigación del Ministerio Público, organismo que corroboró las irregularidades tributarias detectadas, lo que derivó en la formalización de 47 personas.
La directora (S) del SII, Carolina Saravia, explicó que «los imputados, aprovechando que en el periodo analizado no existía la obligación expresa para los proveedores de medios de pago de exigir la acreditación del inicio de actividades ante el Servicio, operaban sin declarar sus ingresos, evadiendo los impuestos correspondientes».
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
Desde el SII explicaron que, a partir de la información de los documentos tributarios del proveedor de los medios de pago, y el cruce de los antecedentes con diversas fuentes de información, se pudo monitorear el comportamiento de estas 47 personas jurídicas y naturales que tenían la calidad de usuarios de las máquinas de procesamiento de pagos.
De esta manera, se logró determinar que diversos contribuyentes evadieron el Impuesto a las Ventas y Servicios que gravan las operaciones comerciales que realizaron.
Además, se acreditó que algunos contribuyentes también subdeclararon u omitieron los ingresos que generaron a partir del uso de dichos dispositivos de pagos, evadiendo por lo tanto el Impuesto a la Renta que debían declarar.
Los delitos detectados originaron un perjuicio fiscal total de $5 mil millones por concepto de IVA y Renta, calculado a septiembre de 2025. «El trabajo del SII para combatir la evasión de impuestos y emparejar la cancha para quienes cumplen correctamente sus obligaciones tributarias, ha contribuido a la generación de diversos cambios legales, como la obligación», dice Saravia en un comunicado.
Asimismo, detalla que «uno de ellos a partir del 1 de octubre, de acreditar que cuenten inicio de actividades quienes deseen prestar servicios al Estado y las Municipalidades, operar con medios de pago electrónicos, vender sus productos o servicios a través de marketplaces, o realizar operaciones comerciales con instituciones bancarias».
