A principios de los años 2000, Chile iniciaba con esperanza la implementación de la Reforma Procesal Penal, un cambio destinado a modernizar y agilizar el sistema judicial. Con la creación de nuevas instituciones y auxiliares, la reforma tenía como objetivo garantizar una justicia oportuna y eficiente, mejorar la calidad de los procedimientos y asegurar una justicia más accesible.
Sin embargo, después de más de 20 años de su puesta en marcha, el balance es mixto. Aunque se han logrado algunos avances, las falencias del sistema se hacen cada vez más evidentes.
La lentitud de las investigaciones y la prolongación excesiva de juicios, que a veces duran años, son algunos de los problemas más señalados.
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LOS EFECTOS DE LA LENTITUD JUDICIAL
La falta de rapidez en el proceso judicial afecta tanto a las víctimas como a los imputados, generando riesgos en los derechos y garantías de todos los involucrados, así lo han confirmado los efectos. La demora en la justicia no solo perjudica a quienes esperan una resolución rápida, sino que también pone en peligro los derechos fundamentales de los acusados.
El exfiscal Ricardo Freire expresó su preocupación a BioBioChile sobre cómo la lentitud judicial impacta negativamente el sistema. “Existe un defecto en cómo el sistema está tratando las causas de mayor complejidad, porque el aislacionismo y tramitación de ciertas investigaciones, y la excesiva duración de algunos juicios orales, atenta contra la garantía de los intervinientes, especialmente de los imputados, a ser juzgados en un plazo razonable”, advirtió Freire.
Para él, estos problemas socavan la legitimidad del sistema de persecución penal y dañan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
REFORMAS NECESARIAS
Rodrigo Reyes, exabogado litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), propuso un cambio clave: la mejora en la inclusión de pruebas documentales en los juicios.
Según Reyes, este proceso genera retrasos y ocupa gran parte del tiempo en los procedimientos judiciales, lo que contribuye al estancamiento de los casos.
Además, el recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos al Poder Judicial ha agravado aún más la situación. Esta reducción fue rechazada por los gremios judiciales, que pidieron a las autoridades revertirla, alertando sobre las consecuencias negativas para un sistema ya en crisis.
¿LA JUSTICIA EN CRISIS?
La Reforma Procesal Penal prometió un sistema judicial más ágil y eficiente, pero después de más de 20 años de su implementación, las deficiencias siguen siendo una preocupación constante.
La falta de celeridad en los procesos, los largos tiempos de espera y los recortes presupuestarios siguen siendo problemas difíciles de resolver. La reforma necesita una revisión urgente si se quiere cumplir con su objetivo de entregar justicia de manera efectiva y en tiempo oportuno.
