La exdelegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González (PC), respondió a los cuestionamientos planteados por la Contraloría General de la República respecto al manejo de fondos públicos destinados a enfrentar la emergencia del megaincendio que afectó a la región en 2024.
Mediante una declaración pública, defendió la legalidad de las decisiones adoptadas en ese período, detalló el complejo escenario en que se tomaron y expresó su total disposición a colaborar con las indagatorias en desarrollo.
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“Cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas”, señaló.
EXDELEGADA DE VALPARAÍSO SOFÍA GONZÁLEZ DEFIENDE SU GESTIÓN EN MEGAINcENDIO
En los informes de auditoría elaborados por el organismo contralor aparecen la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, además de la Dirección Regional de Arquitectura.
Entre los principales reparos, la entidad fiscalizadora detectó pagos sin respaldo suficiente, desembolsos improcedentes, posibles sobreprecios, falencias en procesos de adquisición y debilidades en el control de ayudas dirigidas a personas damnificadas.
Frente a estos antecedentes, la actual diputada electa del Partido Comunista afirmó tener “absoluta tranquilidad” sobre las decisiones tomadas en los días y meses posteriores a la tragedia, enfatizando que todas apuntaron a “responder con la mayor rapidez y eficacia posible al dolor profundo de las familias que lo perdieron todo”.
Calificó ese período como una fase de “intensa coordinación interinstitucional” y de labores desarrolladas bajo “presión extraordinaria” por parte de los equipos públicos, en medio de una de las emergencias más graves registradas en Valparaíso.
La exautoridad reiteró que las determinaciones adoptadas se ajustaron a la normativa vigente y contaron con respaldo técnico y administrativo. Además, sostuvo que durante su gestión instruyó sumarios e investigaciones cada vez que detectó eventuales errores o irregularidades, y recordó que al presentar su renuncia —el 15 de noviembre de 2024— ya había procedimientos disciplinarios en curso.
FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN
Los hallazgos de Contraloría, que apuntan a presuntas irregularidades por montos millonarios en recursos destinados a la emergencia, fueron interpretados por González como una instancia para fortalecer los mecanismos institucionales.
En su opinión, lo ocurrido demuestra la necesidad de contar con “herramientas más robustas de control, fiscalización y regulación” en escenarios de catástrofe, donde pueden generarse distorsiones en el mercado que tensionan la capacidad de respuesta estatal. Sin embargo, advirtió que ese refuerzo no debe convertirse en “trabas innecesarias o demoras” que perjudiquen la atención oportuna a las víctimas.
En las últimas horas, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación a partir del informe emitido por Contraloría.
La exdelegada concluyó señalando que las decisiones adoptadas en una emergencia de tal magnitud deben analizarse considerando “el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder oportunamente” a las familias afectadas, en medio de una tragedia inédita para la región.
