El llamado «edificio fantasma» de la inmobiliaria Federico Scotto SpA, ubicado en Estación Central, quedó imposibilitado de ser comercializado.
Esto, luego de que la Corte Suprema desestimara un recurso de amparo económico presentado por la empresa, que cuestionaba la validez de decisiones adoptadas por la municipalidad y la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
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La controversia se originó en 2015, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) autorizó un proyecto de 42 pisos con 732 departamentos, locales comerciales, estacionamientos y bodegas.
CONSTRUCTORA
Sin embargo, la constructora levantó algo distinto: un edificio de 36 pisos, con 398 departamentos, un apart hotel de 155 habitaciones y cambios en estacionamientos y otras características urbanísticas.
La empresa solicitó en dos ocasiones modificar el permiso de edificación para ajustarlo a lo realmente ejecutado, pero la DOM rechazó ambas peticiones, alegando que el permiso original ya contenía irregularidades urbanísticas y no podía usarse como base legal.
La obra terminó en enero de 2022, pero al no obtener la recepción final, quedó sin posibilidad de venta. La inmobiliaria argumentó que el inmueble era su único activo para generar ingresos, pagar deudas y sostener su operación.
COMPAÑÍA
En 2024, el Grupo Biba —controlador de la compañía— presentó una denuncia ante la Seremi de Vivienda RM contra el director subrogante de Obras Municipales de Estación Central y otros funcionarios, acusándolos de impedir la aprobación de permisos y la recepción de tres torres finalizadas.
Posteriormente, en enero de 2025, la empresa ingresó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la municipalidad y la Seremi, sosteniendo que la falta de respuesta en el plazo legal constituía un «silencio administrativo positivo», lo que validaría la modificación solicitada. Además, invocó el derecho a la libertad económica y advirtió un riesgo de «muerte mercantil».
En abril, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, señalando que las observaciones tenían fundamentos técnicos y normativos, sin afectar la libertad de emprender. Ante ese fallo, la compañía acudió a la Corte Suprema, que finalmente confirmó la negativa.
