Cuarenta y cinco días demoró el pleno del Tribunal Constitucional (TC) en redactar y despachar la sentencia de la reforma al sistema notarial y registral, con lo que dio un portazo a los notarios, archiveros y conservadores que habían pedido que se impugnara una norma específica del texto.
Esta dice relación con el artículo que termina con la excepción que permite que puedan seguir en sus cargos quienes tienen más de 75 años.
Con esto, casi 50 profesionales deberán jubilarse cuando esta norma entre en vigencia, un año después de ser publicada, porque sus alegatos sobre discriminación arbitraria solo por razones de edad no prosperaron.
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La norma, que quedó lista para ser promulgada y publicada en el Diario Oficial, incluye otras modificaciones sustantivas al funcionamiento de notarías y conservadores.
VIGILADOS POR EL SERNAC
Según el texto visado por el TC, no podrán aspirar al cargo de notarios, archiveros y conservadores los parientes de una larga lista de autoridades, entre ellos jueces, diputados y senadores. No es lgo menor, porque según datos de la Fundación América Transparente de 2021, el 40% de los notarios tiene parientes en el Parlamento o en el Poder Judicial.
Además, el Ejecutivo eliminó la participación del Poder Judicial en la selección de las ternas y los nombramientos de notarios, archiveros y conservadores y pasa al Sistema de Alta Dirección Pública.
El Presidente deberá escoger un nombre dentro de la terna -que seguirá un orden decreciente de puntaje-, y si no lo hace dentro de los 20 días hábiles siguientes, se entenderá escogido el postulante que tuvo el mejor puntaje. Excepcionalmente, si el número uno se encuentra en el 10% del máximo puntaje de la escala de evaluación, y quienes le sigan se encuentren bajo el 80%, ese candidato será seleccionado de manera automática, publicó La Tercera.
Asimismo, se creará un sistema para fijar las tarifas máximas a través de un “procedimiento objetivo y técnico” y el Sernac vigilará los problemas de atención, servicio y cobros irregulares. La fiscalización disciplinaria será labor exclusiva de los fiscales judiciales.
Además, deberán hacer declaración de patrimonio e intereses,existirán horarios laborales más rígidos y las vacaciones quedarán sujetas a autorizaciones del ministerio de Justicia.
