La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó que se pagó un rescate para lograr la liberación del empresario Rudy Basualdo.
El empresario fue secuestrado hace dos días en Rancagua, región de O’Higgins. Hay detenidos.
Las policías anunciaron que el hombre fue liberado a primera hora de este viernes y luego derivado al Hospital Regional.
Allí se le realizó un chequeo que confirmó su buen estado de salud física.
«Se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos, porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada», dijo Tohá.
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Agregó que «aunque haya elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sana y salva a la persona afectada».
La secretaria de Estado confirmó que hay tres sospechosos detenidos por el secuestro y que hay un cuarto sujeto que es objeto de interés para las policías y el Ministerio Público.
La esposa del afectado participó en las negociaciones con los delincuentes
La titular de la cartera aseguró que la pareja de la víctima «estuvo involucrada activamente en todo el proceso de negociación».
Aseguró que la cónyuge «pasó por momentos tremendos en estas horas», aunque estuvo «muy apoyada por Carabineros en todo momento».
En la víspera, había trascendido que los captores del dueño de la metalúrgica Haise exigían 80 millones de pesos para dejarlo en libertad.
El monto no fue confirmado por la secretaria de Estado.
La inconveniencia de dar a conocer estas informaciones
Los expertos en seguridad del mundo entero recomiendan mantener estricta reserva acerca del pago de rescates a los delincuentes.
Si bien se entiende el interés en la víctima, dar a conocer el rescate y su millonaria suma es una pésima señal que la autoridad no debiera informar.
Aquello muestra a los delincuentes y a las mafias de reciente data que ley chilena es blanda, no solo garantista, sino que además paga sin cuestionar.
Debería hacerse extensiva al secuestro la ley antiterrorista. El incentivo de mostrar disposición a pagar es perverso y un aliciente.
Esta actitud de la señora ministra del Interior, constituye un pésimo precedente y denota ausencia de un plan preestablecido acerca de estos ilícitos.
