Unos 250 efectivos de Carabineros se desplegaron en el sector de la toma Calicheros, en Quilpué, Región de Valparaíso, para ejecutar el desalojo y la demolición de la toma ubicada en el terreno de la familia Correa.
El operativo llega tras años de disputas legales, intensificadas luego de que en 2020 el propietario del predio, el empresario Alejandro Correa, fuera asesinado por encargo de una persona que previamente había sido denunciada por ocupar ilegalmente el lugar.
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El lunes, los ocupantes comenzaron a abandonar el terreno de manera paulatina, aunque algunos se resistieron a dejarlo. Este martes, los equipos regionales y policiales trabajan en la demolición de las construcciones instaladas en el sitio.
ABOGADA DE LA FAMILIA
En ese contexto, la abogada Jeanette Bruna, representante legal de la familia Correa, destacó en Radio ADN la importancia del desalojo y señaló que sus clientes se sienten agradecidos.
«Después de cinco años del asesinato de don Alejandro y a cuatro años de dictada la orden de demolición parece un poco irreal que se esté ya ejecutando», afirmó.
Sobre los pasos a seguir, explicó que la normativa establece «Dos días para hacer la demolición y cinco días para hacer el retiro de escombros y, por lo tanto, los primeros dos días va a estar custodiado por Carabineros (…) y los otros cinco días con personal de la región».
VENTA DEL TERRENO
Añadió que está «mandatada para la venta del terreno, porque en definitiva, la familia estima que una vez demolido y después vendido el terreno, es la forma en que se va a cerrar este ‘libro’ de la tragedia que han vivido durante todos estos años con la revictimización y por supuesto que con la pérdida de su padre».
Bruna reiteró que el predio se pondrá a la venta, «Pero siempre enfocados en proyectos que sean una contribución a la comuna de Quilpué».
Finalmente, sobre la situación de las tomas en Chile, la abogada hizo un llamado al Estado para que «Los gobiernos empiecen a ejercer sus labores legales, porque no falta ley, lo que falta es voluntad política y conocimiento».
«Es una cuestión de voluntad política y de gestión. Espero y la familia Correa espera que esto sienta un precedente para que el Estado empiece a trabajar sobre todo desde la prevención y solución temprana de tomas», concluyó.
