La toma Calicheros volvió a ser noticia tras el anuncio de demolición hecho por la seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Valparaíso, Belén Paredes.
Los ocupantes del terreno, que pertenece a la familia de Alejandro Correa —empresario asesinado por un sicario en 2020—, ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el objetivo de frenar la ejecución del fallo judicial.
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DESALOJO DE LA TOMA
Los pobladores denuncian que se está actuando de manera ilegal tanto por parte del Tribunal como de las autoridades políticas, argumentando que primero debe emitirse una orden de desalojo.
Gustavo Sepúlveda, vocero de la ONG Pobladores Organizados, calificó la última reunión con las autoridades como una “encerrona” y describió el proceso de demolición como un “disfraz del desalojo”.
En el recurso presentado a la Corte de Apelaciones, los ocupantes pidieron que “cesen toda amenaza de desalojo y/o demolición y se prohíba su ejecución mientras no se ordene el desalojo conforme a la ley vigente, la constitución Política del Estado y bajo el estricto respeto de la dignidad humana y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado de Chile”.
MUNICIPALIDAD
Por su parte, la Municipalidad de Quilpué amplió el plazo para catastrar a los habitantes, fijándolo hasta el próximo lunes.
El delegado Presidencial Regional, Yanino Riquelme, informó que continúan las coordinaciones junto a todas las autoridades regionales y municipales.
Además, en el recurso de protección se incluyó la solicitud de paralizar el proceso de licitación destinado a llevar a cabo la demolición de la toma Calicheros.
Se precisa que la demolición está programada para comenzar el lunes 29 de septiembre.
