En medio del desalojo de la toma Dignidad, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que «inhabilitará» el terreno luego de la demolición de las viviendas del campamento. Esta medida, que incluye la creación de «zanjas», busca evitar la reocupación de los sitios.
Según informaron, la estrategia combate directamente el riesgo del terreno, identificado por un estudio técnico como zona de alto riesgo (30 metros desde la ribera de la Quebrada de Macul), susceptible a incendios y deslizamientos, y el “negocio” ilegal de arriendo y venta de sitios que se ha gestado en el lugar.
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DURÁN POR TERRENO DE TOMA DIGNIDAD
El desalojo, el operativo más grande en la región Metropolitana en los últimos cuatro años, cuenta con un despliegue de 800 efectivos entre personal de Carabineros y municipal. En ese contexto, se estima que durará entre tres y cuatro días.
Ante la preocupación de que los terrenos desalojados sean tomados nuevamente, Durán fue categórico: «Aquí lo que va a ocurrir es la desocupación de las casas, la demolición de las casas y la inhabilitación del terreno».
Para lograr esta medida, se empleará maquinaria pesada que no solo removerá los escombros, sino que también intervendrá directamente la superficie. Las máquinas «van a remover, van a formar zanjas» y «generar dinámicas en la superficie del terreno que van a impedir la instalación de viviendas».
Junto con lo anterior, se contempla el cierre del lugar y la construcción de un parque, lo que implica una intervención a mediano y largo plazo.
SOLUCIONES SOCIALES PARA LOS RESIDENTES
El delegado presidencial destacó que el desalojo es el paso final de un proceso que se inició hace más de un año y medio, enfatizando que no se trata de una acción abrupta, sino de un retiro programado y colaborativo.
«Nos hemos dado la tarea de trabajar colaborativamente con todas las instituciones del Estado, con todos los servicios públicos, a objeto de que este retiro programado, este desalojo programado, cuente con múltiples fórmulas de apoyo a las familias que cumplen con los requisitos», dijo.
La coordinación incluyó al Serviu, la Seremi de Vivienda, la Seremi de Desarrollo Social, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), «procurando el máximo de opciones de apoyo a las familias y, por otro lado, resguardando los derechos y dignidad de las personas».
El desalojo afecta a 194 casas con cerca de 600 personas, las cuales están siendo reubicadas en albergues, casas de familiares o mediante el subsidio que entregó el Ministerio de Vivienda para arrendar una casa por un año con una cuota de aproximadamente $500 mil mensuales.
La fecha de la acción se coordinó justamente para evitar reocupaciones, ya que «están varias familias tomando materialmente el subsidio de arriendo».
