Los efectos de las acusaciones constitucionales no se detienen. Ahora es una de las asociaciones de los funcionarios del Poder Judicial quienes tomaron la palabra.
DIRECTIVA DE LA OTJ
El presidente de dicha agrupación Marcelo Acevedo, en conversación exclusiva con estapasando.cl , indicó que,
«Como Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (OTJ), expresamos nuestra preocupación por la acusación constitucional del Ministro de la Corte Suprema don Sergio Muñoz, en la forma y en el fondo por la cual se aprobó.
ACUSACIONES: DOS EN UNA
Recordemos que los diputados realizaron una admisibilidad conjunta de dos Ministros de la Corte Suprema: la que involucraba a Angela Vivanco en el caso Hermosilla y la de Sergio Muñoz que tenía relación por hechos que involucraban a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza de Garantía de Santiago.
Al respecto Marcelo Acevedo señaló que esto se hizo, «fuera de toda lógica racional y justa del punto de vista jurídico y del sentido común».
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OTRA VEZ EL ESTADO DE CHILE PUEDE SER SANCIONADO
Lo anterior, es una evidente transgresión al debido proceso y las normas constitucionales y del derecho internacional.
Que sólo «permitirá que el Estado de Chile sea sancionado otra vez por cometer aberraciones jurídicas de esta magnitud», enfatizaron los dirigentes de los trabajadores judiciales.
Se hace evidente que no importaban los argumentos, la racionalidad y quizás la veracidad de los hechos imputados.
«Primó el oportunismo, con vicios de forma de por medio, inhabilidades no realizadas y con un quórum dudoso», recalcó Ricardo Núñez, secretario nacional de OTJ.
Esta situación es de extrema gravedad, entregando la señal de que los jueces deben siempre actuar del lado del poder; al no hacerlo, corren la suerte de ser acusados.
Socavando con ello la “Independencia del Poder Judicial” y poniendo en jaque el estado de Derecho en el país.
DIGNIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES JUDICIALES
Los dirigentes señalaron que, a pesar de ser un sindicato relativamente nuevo, han logrado impulsar importantes avances en la dignidad y respeto a la labor de los funcionarios judiciales.
En coherencia con avances ostensibles, como la Ley de las 40 horas y la Ley Karin, entre otros textos legales.
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