La Superintendencia de Educación Superior (SES) sancionó con una histórica multa a la Universidad Mayor, a raíz de irregularidades administrativas internas.
Según dio a conocer CNN Chile, el documento señala que el organismo sobreseyó a la institución de dos cargos. Sin embargo, confirmó otros dos cargos relacionados con contratos y la transferencia de recursos a una sede en Miami.
De acuerdo a la sentencia, la superintendencia detectó infracciones a artículos de la Ley 21.091. Entre otras cosas, determinó que hubo irregularidades en contratos de back office y licencia suscritos entre la institución universitaria y la empresa Innova Learning SpA.
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MULTA CONTRA LA UNIVERSIDAD MAYOR
A lo anterior se suma un segundo cargo, en el que la SES apunta a una «destinación de recursos al proyecto de Nexus University», lo cual infringiría el artículo 65 de la Ley 21.091.
Debido a que esta transferencia no se ajusta «a los fines propios de la Universidad Mayor en Chile». Por ello, constituiría lucro dado que la institución recibe fondos públicos.
Respecto a esta última situación, la superintendencia sostiene que el hecho «presenta una naturaleza particularmente grave en este caso.
Dado que la suma destinada a fines que no corresponden por ley ni estatutos a la Universidad asciende a un monto extremadamente elevado. Superando los 7 millones de dólares estadounidenses desde 2018, lo que equivale a más de 100.000 UTM».
Por ello, el organismo fiscalizador determinó «una multa a beneficio fiscal de 7500 Unidades Tributarias Mensuales», lo que al cambio de hoy equivale a $499.710.000.
Cabe señalar que esta es la multa más alta que se ha decretado en la historia de la Superintendencia de Educación Superior.
DECISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA
Tras la decisión de la SES, la parlamentaria Emilia Schneider, presidenta de la Comisión de Educación, comentó que «hay algunos en Chile que todavía no entienden que la educación no es un negocio, es un derecho».
«Me parece positivo que nuestras instituciones funcionen y sancionen como corresponde, porque no es aceptable lucrar a costa de los sueños de estudiantes y sus familias», añadió.
En la misma línea, la diputada Camila Rojas agregó que «la plata de educación se tiene que usar en educación, en las y los estudiantes, no en sueldos abultados e injustificados».
Por último, la diputada Gael Yeomans señaló que «nos alegra que la fiscalización realizada por la Superintendencia, y también a raíz del oficio que presentamos, haya culminado en esta sanción».
