Durante los últimos meses, han surgido tensiones entre el Ministerio de Educación y las universidades privadas en torno a la implementación del sistema de aranceles regulados.
Este mecanismo implica las transferencias que el Estado realiza a las instituciones por cada estudiante que accede a la gratuidad, es decir, el monto que reciben por cada alumno matriculado con dicho beneficio.
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Actualmente, la aplicación del nuevo modelo de aranceles regulados ha encendido las alarmas en el sector privado.
Según han informado diversas instituciones, los criterios técnicos definidos por el Ministerio para calcular los aranceles que regirán desde 2026 comprometerían la estabilidad financiera de múltiples casas de estudio, especialmente aquellas privadas y los centros de formación técnica que no forman parte del Consejo de Rectores (Cruch).
PROYECCIONES
Las proyecciones realizadas por las universidades privadas indican que las pertenecientes al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) obtendrían un aumento de ingresos estimado en $25.438 millones.
Las del G9, en tanto, recibirían $18.519 millones adicionales. En contraste, las instituciones privadas agrupadas en la Corporación de Universidades Privadas (CUP) anticipan una disminución de $25.643 millones, mientras que aquellas fuera de esta corporación proyectan una baja de $677 millones.
CUP
Santiago González, presidente de la CUP, ha manifestado que los parámetros empleados por la Subsecretaría de Educación Superior y la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) «No reflejan la realidad de los costos que tienen las universidades en el ejercicio de sus funciones. Y esto podría perjudicar significativamente la calidad en la educación superior en los próximos años, ya que las universidades van a carecer de recursos para desarrollar actividades que son complementarias a la docencia, que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con vinculación con el medio, que tienen que ver con extensión. Eso nos preocupa mucho, que los aranceles no estén reflejando la realidad de los costos de las universidades».
El también rector de la Universidad Central indica que, si bien aún no se han tomado decisiones conjuntas, sí están preparando un documento que será presentado en una reunión convocada para este martes al mediodía: «Estamos convocados exponer nuestros planteamientos y también llevaremos un documento que ha sido elaborado por un equipo técnico de la CUP, en que han participado varias universidades, y vamos a ver si esto tiene acogida. Y si no, ahí veremos otros caminos que podamos seguir».
ACCIÓN
A pesar de que la acción conjunta todavía no se concreta, algunas universidades han optado por presentar sus propios antecedentes ante la Superintendencia de Educación Superior.
Uno de los documentos entregados por una institución al que accedió La Tercera expone que «La reducción de ingresos proyectada incidirá negativamente en el flujo de caja de la Universidad y en su capacidad de inversión en infraestructura y desarrollo institucional, considerando la actual situación financiera ajustada de la institución».
Por su parte, Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior, expresa su preocupación por las implicancias del nuevo sistema: «Vemos con gran preocupación la propuesta de nuevos aranceles regulados por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, lo que generará menores ingresos para las universidades privadas adscritas a gratuidad cercanos a los $26 mil millones anuales. El panorama en general para las instituciones privadas es poco auspicioso, por esto es completamente razonable que cada casa de estudios esté analizando diferentes medidas para alertar a las autoridades de esta decisión y que así puedan dimensionar los efectos colaterales que se generan, siendo una de las principales consecuencias atentar contra la calidad de la enseñanza. En este contexto, cabe incluso preguntarse si la autoridad está realmente interesada en que las universidades privadas sigan adscritas a la política de gratuidad».
UNIVERSIDADES
Asimismo, Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de Las Américas, advierte sobre tres posibles impactos negativos de esta fijación de precios: «El primero es la distorsión en la oferta de carreras, favoreciendo o perjudicando a determinadas instituciones. El segundo es el riesgo de crear inestabilidad en el sistema. Y el tercer efecto es que puede haber carreras que, siendo muy demandadas por los estudiantes, tengan un arancel erróneamente fijado y que esto haga que pierdan el interés de ser ofrecidas por las universidades».
Y añade que «La primera acción serán las reuniones con la Comisión de Expertos. Después habrá reuniones, al menos entre las universidades que conforman la CUP, para ver qué otras acciones se pueden tomar, pero obviamente no se descarta tomar acciones al respecto».
MINISTERIO DE EDUCACION
Consultada por La Tercera, la Subsecretaría de Educación Superior señala que «Hemos avanzado de manera sostenida en la implementación del modelo permanente de regulación de aranceles, tal como lo mandata la Ley de Educación Superior. A diferencia del sistema anterior, basado en precios históricos, este nuevo modelo se construye sobre los costos necesarios y razonables para impartir carreras, agrupadas por áreas del conocimiento».
Frente a las inquietudes manifestadas por algunas instituciones, desde la subsecretaría enfatizan que «Tras cuatro años de trabajo técnico y dialogado, con participación de las instituciones y la validación de una Comisión de Expertos independiente, hoy nos encontramos en la fase final del proceso, que culminará este mes con la publicación de los nuevos valores regulados, los que se aplicarán a partir de 2026. Entendemos las inquietudes que puedan existir, pero reiteramos que se trata de un proceso aún en curso, que contempla espacios formales de observación y respuesta actualmente en desarrollo».
