Un reciente informe de la Contraloría General de la República generó fuerte impacto a nivel nacional al revelar que más de 25 mil trabajadores del sector público viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024.
Frente a esta situación, la encuesta Chile Nos Habla, realizada por la Universidad San Sebastián, indagó la percepción ciudadana. Los resultados muestran que el 96,8% de los encuestados considera negativa esta conducta, un 2,8% se mostró indiferente y apenas un 0,4% la justificó.
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Al preguntar por las medidas inmediatas ante el uso indebido de licencias, un 69,9% opinó que los funcionarios involucrados deben reembolsar el dinero, y un 64,2% planteó que las autoridades deben desvincularlos.
ENCUESTA
La encuesta también reveló que un 44,9% cree que se debe investigar a los profesionales de la salud que entregaron estas licencias; un 41,7% apoya la presentación de acciones legales contra los funcionarios que cometieron fraude; y un 40,9% respalda la instrucción de sumarios administrativos.
Desde el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), su director ejecutivo, el Dr. Jorge Acosta, advirtió que «Las personas aciertan en indicar que urge aumentar la fiscalización para evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden, como para quienes las emiten».
ENCUESTADOS
Respecto a las causas que habrían originado esta situación, el 71,6% de los encuestados apuntó a la ausencia de sanciones para quienes solicitan estas licencias, un 63,9% culpó la falta de consecuencias para los profesionales que las otorgan, y un 39,7% mencionó la falta de control de parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
En cuanto a experiencias internacionales, Acosta señaló que «Destaca la necesidad de evaluar el disminuir gradualmente el porcentaje del subsidio a lo largo de la licencia (para incentivar la reincorporación temprana), revisar la temporalidad de la incapacidad cuando es muy extensa (6 meses) para empalmar con pensiones de invalidez, y evaluar la participación de los empleadores en parte del financiamiento de la ausencia».
Finalmente, al preguntar qué creen que ocurrirá con los funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia, un 58,4% cree que no enfrentarán consecuencias, un 30% espera sanciones leves y solo un 11% confía en que habrá medidas ejemplares.
Este sondeo fue desarrollado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, junto al Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Facultad de Medicina.
