Una serie de reacciones ha provocado la aprobación y el avance del proyecto de ley que busca permitir la conmutación de penas para personas adultas mayores, incluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad. A las críticas surgidas en el ámbito político se sumó ahora un frente internacional, luego de que familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para intentar frenar la tramitación de la iniciativa impulsada por senadores de Chile Vamos.
Las víctimas presentaron la denuncia como antecedente dentro del proceso de supervisión que realiza la Corte IDH sobre el cumplimiento de un reciente fallo, en el que el tribunal condenó al Estado chileno por conceder beneficios a exagentes sentenciados por delitos de lesa humanidad, práctica que el derecho internacional prohíbe.
CORTE SUPREMA
Corresponde al caso Vega González y Otros vs. Chile, cuya sentencia ordenó que la Corte Suprema revisara 14 causas en las que previamente habían rebajado penas mediante beneficios. Tras el fallo internacional, la justicia volvió a aumentar esas condenas para cumplir lo dispuesto por el tribunal.
En ese contexto, la abogada Karinna Fernández, quien representó el caso Vega González ante la instancia internacional, presentó este viernes un requerimiento para que la Corte IDH adopte medidas provisionales. A su juicio, el avance del proyecto de ley contradice lo establecido en ese fallo, ya que podría favorecer a 30 exagentes, precisamente los mismos a quienes la justicia les aumentó las penas tras la sentencia.
Esta acción se suma a otra gestión previa de las víctimas, quienes también denunciaron que el Presidente Gabriel Boric no solicitó disculpas en nombre del Estado de Chile por este caso, antecedente que ya enviaron al tribunal internacional.
UNA MEDIDA DE EXTREMA URGENCIA
En un documento de diez páginas, al que tuvo acceso La Tercera, las víctimas de violaciones a los DD.HH. informaron a Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte IDH, sobre el avance del cuestionado proyecto impulsado por parlamentarios de Chile Vamos.
El requerimiento fue presentado con “carácter de extrema urgencia” y solicita que el tribunal internacional ordene suspender la tramitación de la iniciativa, una situación inédita en Chile. De concretarse, sería la primera vez que la Corte IDH dicta una medida de este tipo contra el país, aunque sí existen precedentes en otros Estados de la región.
Según sostiene en su presentación la abogada Fernández, la solicitud se basa “en el deber estatal de impedir que medidas de atenuación punitiva o beneficios indebidos comprometan la ejecución efectiva de las sentencias, asegurando que la justicia no sea desplazada por mecanismos que, bajo la apariencia de legalidad, perpetúan la impunidad de crímenes que ofenden a la conciencia de la humanidad”.
“Dicha medida legislativa incurre exactamente en la misma lógica de impunidad proscrita por la Corte Interamericana en la reciente sentencia del caso Vega González y otros vs. Chile (2024). En dicho fallo, el tribunal fue categórico al señalar que la aplicación de institutos como la media prescripción o, por analogía, beneficios de cumplimiento alternativo o liberación anticipada que no se funden en razones humanitarias extremas y debidamente acreditadas es incompatible con la Convención Americana”, agrega en el escrito.
DOCUMENTO
En el documento también se plantea que la entrega de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad “generan una atenuación de la dosificación punitiva que vuelve la condena irrisoria, lo que atenta contra el principio de proporcionalidad que debe regir la sanción de graves violaciones a los derechos humanos y se convierte en un factor de impunidad de facto que vacía de contenido el deber estatal de sancionar crímenes de lesa humanidad”.
En particular, se advierte que la eventual aprobación de una norma de este tipo “representa una amenaza de impacto irreversible para las víctimas del caso Vega González y otros vs. Chile, al configurar un mecanismo legislativo de impunidad que anularía los efectos de la justicia alcanzada tras décadas de litigio”.
SOLICITUDES
La petición presentada ante la Corte IDH incluye cuatro solicitudes principales. Además de que se declare admisible el requerimiento y se suspenda la tramitación del proyecto, las víctimas piden que se dicte una orden de no innovar “que obligue a todos los órganos del Estado a abstenerse de adoptar medidas que garanticen la impunidad de los agentes estatales condenados en el contexto del caso Vega González”.
Asimismo, solicitan que se convoque a una “audiencia urgente” de “supervisión de cumplimiento para analizar esta regresión normativa frente a los puntos resolutivos décimo y décimo cuarto de la Sentencia Vega González vs. Chile”.
“La urgencia de esta medida provisional radica en que la liberación de los condenados no solo constituye una afrenta a la memoria y dignidad de las víctimas, sino que revictimiza a quienes, tras vencer al Estado en la instancia interamericana, hoy ven cómo un beneficio meramente etario pretende desmantelar la ejecución efectiva de las penas”, concluye el escrito.
Consultada por La Tercera, la abogada Fernández señaló que “es lamentable que tengamos que enfrentar este tipo de debates, pero que entonces hay que hacerlo de manera clara frente al derecho internacional”.
ARGUMENTOS
En esa línea, y en referencia a los argumentos que plantean que se trataría de un cumplimiento alternativo, sostuvo que “esto ya lo enfrentamos en el TC durante la época del Covid y los indultos generales justamente excluyeron este tipo de delitos, porque lo que hemos demostrado internacionalmente es que esas formas se alejan de la proporcionalidad de la efectividad de la pena y se conocen como factores de impunidad, y eso es precisamente lo que nosotros logramos demostrar en sede internacional”.
“La Corte Interamericana tiene una larga trayectoria en los casos precisamente de Fujimori y otros diversos casos que se han desarrollado en Perú. Recientemente, el año pasado, la Corte Interamericana dictó una provisional de similares características respecto de algunas elaboraciones de indultos en el Senado peruano”, añadió.
