Una delegación de dirigentes y víctimas de Quintero y Puchuncaví entregó este lunes una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar que el Estado de Chile se allane a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abra un proceso de conciliación.
La presentación fue encabezada por el abogado Remberto Valdés Hueche, quien representa a 1.034 vecinos y familias, y por la vocera de los afectados, Olga Garri. El documento quedó registrado en la Oficina de Partes de Cancillería este 17 de agosto.
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Según la carta, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH transmitió al Estado chileno la petición P-1800-25 el 5 de febrero de 2026. Posteriormente, el 13 de julio, el organismo habría informado a los denunciantes que Chile no había respondido la solicitud de antecedentes dentro del plazo comunicado.
La petición acusa una vulneración sistemática de los derechos a la vida, la salud y la integridad personal, además de una persistente denegación de justicia relacionada con los episodios de contaminación registrados en la zonas de Quintero y Puchuncaví desde agosto de 2018.
EXIGEN COHERENCIA AL ESTADO
Valdés sostuvo que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado persiguieron responsabilidades de ejecutivos de ENAP ante los tribunales nacionales. Por ese motivo, planteó que Cancillería no debería adoptar una posición contradictoria en la sede internacional.
“El Estado no puede sostener una doble moral procesal”, afirmó el abogado en la presentación. Los denunciantes pidieron establecer una mesa que permita discutir medidas de reparación, garantías de no repetición y una salida definitiva para las comunidades afectadas.
El caso también mantiene abierto un frente civil ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano. La demanda indemnizatoria, identificada con el rol C-533-2022 y sus causas acumuladas, persigue una reparación que, de acuerdo con los representantes de las víctimas, supera los $17.303 millones.
En mayo de 2024, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad y absolvió, en un fallo dividido, a tres exejecutivos de ENAP acusados por tráfico de residuos peligrosos. El máximo tribunal concluyó que el petróleo iraní, el ácido sulfhídrico y las aguas drenadas del crudo no podían encuadrarse en el tipo penal aplicado por la sentencia anterior. La decisión registró tres votos favorables y dos disidencias, según informó el Poder Judicial.
NUEVAS INVESTIGACIONES AMBIENTALES
Los representantes también informaron que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar admitió una nueva querella por presuntos delitos ambientales vinculados con reportes de dióxido de azufre de la Refinería Aconcagua. La causa se tramita bajo el RIT 7646-2026.
La Superintendencia del Medio Ambiente confirmó en abril que inició una investigación por la eventual entrega de antecedentes falsos por parte de ENAP Refinerías Aconcagua y solicitó información a la empresa para esclarecer los hechos.
Finalmente, la agrupación aseguró que 17 integrantes de la comunidad de Quintero y Puchuncaví han fallecido desde 2018 mientras esperaban una respuesta judicial y una reparación integral. Frente a esos antecedentes, Valdés pidió al Gobierno abandonar las dilaciones y promover una solución colaborativa ante el organismo interamericano.
