Violencia contra profesores: un sistema en colapso, asegura la Directora del programa de Pedagogía en Educación Media, de la Universidad Andrés Bello, Concepción, Romina Irribarra Vivanco. la profesional señala que los recientes ataques en el Instituto Nacional no son hechos aislados ni simples actos de indisciplina.
«Son la manifestación más cruda de una crisis sistémica que convierte a los docentes en víctimas directas de conflictos sociales que los superan. Esta escalada, con antecedentes de bombas molotov contra profesores en octubre y agresiones previas con combustible, muestran que los educadores pasaron de ser guías a rehenes en sus propias aulas, exigiendo protección integral, no solo respuestas represivas. La sociedad no puede ignorar este problema que daña el sistema desde sus bases y que sin una intervención pronta colapsará inevitablemente», afirma.
Tanto es así, que «la Superintendencia de Educación reporta 2.501 denuncias por violencia escolar el primer trimestre de 2025». Esto es un 14,2% más respecto a 2024. Y, respecto a «maltrato a docentes», crece un 121,2%».
Afirma que «de enero a junio hubo 8.678 denuncias. 70% por problemas de convivencia, incluyendo agresiones físicas y psicológicas. Encuestas del Colegio de Profesores indican que el 90% ha sufrido alguna agresión, con insultos en el 86,8%, amenazas en el 25% y ataques físicos duplicados en cuatro años.
En Biobío las denuncias crecieron un 15,7% en seis meses, con récord de ciberacoso. Además, el 77% de víctimas de violencia de género docente son mujeres. Con matrículas en pedagogía cayendo 35% (2018-2022), la pregunta es si habrá quién eduque a la próxima generación frente a este «docenticidio» estructural».
Para la académica, «Se debe construir un muro de contención ético y práctico». Esto, «reconociendo la docencia como profesión de alto riesgo con respaldo legal, emocional, formativo y económico.
Los gremios exigen formación obligatoria en manejo de conductas disruptivas, mediación restaurativa, técnicas de desescalamiento y protocolos de seguridad». Ello, «para que ningún profesor vuelva al aula sin apoyo. También piden mentorías y reducción de carga horaria para profesores novatos, acompañamiento emocional y evaluación de competencias desde la inducción», señala.
«En salud mental, urge implementar encuestas psicosociales obligatorias y acceso rápido a apoyo psicológico. Esto, reconociendo el estrés docente como enfermedad laboral. Las licencias por agresiones deben protegerse sin impacto negativo en la carrera. Institucionalmente, se requiere asistencia jurídica gratuita, sanciones reales y ajustes en beneficios laborales que reconozcan el impacto del rol docente y frenen la deserción masiva», afirma en nota a Está Pasando.
«Esta violencia no nace de la nada, sino de desigualdades y exclusión social donde escuelas vulnerables reflejan brechas profundas, canalizando frustración estudiantil hacia los profesores, la autoridad más desprotegida. Altas tasas de depresión adolescente, conflictos familiares y déficits en salud mental se agravan en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, estigmatizados históricamente sin recursos para inclusión real.
Etiquetar solo profundiza la fractura social; en cambio, la prevención activa mediante diagnósticos psicosociales y programas socioemocionales basado en evidencia es clave. En Chile, iniciativas con participación familiar han reducido agresiones un 20%, pero su escalabilidad depende de voluntad política.
El liderazgo oficial y algunos medios de prensa agravan el problema, con sensacionalismo que invisibiliza soluciones y muestra criminalización exclusiva de grupos, fomentando polarización y desconfianza. La solución requiere coordinación real entre Mineduc, Salud, Justicia y Desarrollo Social, más allá de parches normativos. Las orientaciones 2025 avanzan en protocolos de convivencia y detección temprana, pero necesitan presupuesto y ejecución inmediata para recuperar confianza», indica.
Para la profesional, «Proteger a los docentes no es un gasto, sino inversión para frenar esta metástasis y salvar el sistema. Familias, autoridades, tribunales y medios deben asumir su responsabilidad para fortalecer convivencia y repudiar violencia. El profesor, columna vertebral de la nación, arde hoy como la sala del Instituto Nacional.
¿Hasta cuándo permitiremos que la indiferencia, desigualdad e inacción consuman aulas, vidas y el futuro? El tiempo para actuar con decisión es ahora, antes que sea irreversible», afirma.
