A más de dos meses del accidente entre la lancha pesquera Bruma y el buque industrial Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, aún no hay respuestas claras para las familias de los siete pescadores desaparecidos. Desde entonces, las denuncias por presuntas irregularidades y conflictos de interés en la investigación han aumentado.
Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y vocera de las familias afectadas, cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público.
“La Fiscalía no está cumpliendo con su deber”, afirmó en entrevista con La Prensa, acusando trabas y retrasos injustificados en el proceso investigativo.
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Urrutia aseguró que existen posibles vínculos entre autoridades e integrantes de la empresa implicada. “Nos advirtieron que Blumar financió campañas políticas y que almirantes terminan trabajando en esa empresa”, señaló.
También apuntó directamente a la fiscal del caso, asegurando que “es muy amiga y comadre del abogado de Blumar, Alejandro Espinoza”.
La vocera sostiene que hay poderes fácticos intentando encubrir lo ocurrido. “Hay antecedentes que indican un intento de encubrimiento por parte de actores institucionales y privados”, sostuvo.
Respecto del accidente, Urrutia explicó que la Bruma se encontraba fondeada dentro de las cinco millas exclusivas para la pesca artesanal cuando ocurrió la colisión.
“La lancha tenía antena Starlink, pero desde la madrugada del 30 de marzo no hubo más señal. A las 4:30 a. m. del 3 de abril accedí al sistema de Sernapesca y confirmé que el único barco que coincidía con la posición y velocidad era el Cobra”, aseguró.
Finalmente, criticó la estrategia legal de Blumar, señalando que “quieren responsabilizar a la tripulación de la Bruma. Pero nosotros tenemos pruebas de que se cumplió toda la normativa vigente”.
