El ex ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, se refirió al reportaje de Ciper, en donde se dieron a conocer conversaciones del abogado Luis Hermosilla con distintas autoridades en torno a nombramientos en el Poder Judicial.
El ex titular de Justicia le habría transmitido su molestia al ex presidente Piñera por el rol del abogado respecto de los nombramientos de 2021 en la Corte de Apelaciones de Santiago.
A través de una carta, Larraín sostuvo que «a raíz de una publicitada investigación en curso, denominada ‘Caso Audios’, han aparecido aspectos colaterales en relación a un conocido abogado que es protagonista de ese proceso, en donde éste, de acuerdo a mensajes aparecidos en su celular incautado, habría ejercido influencias en la designación de jueces, especialmente en el período del presidente Sebastián Piñera. Esto ha generado una comprensible inquietud y ha reabierto el debate acerca de la forma en que se nombran los integrantes del Poder Judicial».
En ese sentido, agregó que «en cuanto a la influencia que dicho abogado pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda administración del Presidente Piñera, (…) puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar, que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente».
Lea También: USS retiró invitación a dar clases a fiscal a cargo del Caso Hermosilla
«Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas. La responsabilidad empleada en esta tarea significó que no hubiera cuestionamientos a nuestro proceder», agregó el ex titular de la cartera.
También se refirió al mecanismo de nombramientos del Poder Judicial y aseguró que «desde el primer momento, conversamos con el Presidente Piñera respecto de la necesidad de reformar el actual sistema». Esto, «dada las graves deficiencias que presenta».
Por lo mismo, ahondó señalando que «la discrecionalidad con que las Cortes forman las ternas, así como la que tienen los presidentes de la República para resolver (…), se puede prestar efectivamente para todo tipo de arbitrariedades (…)».
Por lo mismo, Larraín recordó que se convocó a una comisión que trabajó durante el 2018 con la Asociación de Magistrados y expertos durante el segundo semestre de 2018 y en abril de 2021 el gobierno de ese entonces presentó una propuesta de una Reforma Constitucional y un proyecto de ley por el cual se creaba la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales.
«La idea matriz de la iniciativa presentada a tramitación legislativa era la de establecer un órgano autónomo que resolviera, a través de concursos públicos y definiciones fundadas, transparentes y abiertas, la designación por mérito de los jueces y juezas del país, asegurando así la independencia judicial. El Presidente de la República y los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia dejaban de participar en las designaciones, renunciando a una atribución que tuvieron siempre, cuestión muy poco frecuente en esferas de poder donde nadie renuncia al que tiene, solo se aspira a incrementarlo», aseveró el ex secretario de Estado.
«Gobierno y el Congreso podrían retomar el debate sobre una reforma profunda a la Justicia»
Larraín dijo que la iniciativa no avanzó en su tramitación en la Cámara de Diputados. «Al parecer, no resultaba de interés abordar esta materia. Por eso llama la atención la súbita preocupación que hoy surge para impulsar estos cambios. Es triste constatar que solo cuando hay crisis o escándalos se mueven muchas autoridades para hacerse cargo de tareas de relevancia», interpretó.
A su vez, también rememoró la Convención Constituyente de 2021, instancia que creaba un Concejo de la Justicia, que se iba a encargar de los nombramientos. En la segunda instancia, la idea también fue retomada.
Finalmente, culminó sosteniendo: «En consecuencia, más allá de las esquirlas que deja la investigación en curso, corresponde que las instituciones competentes (fiscales y jueces) se hagan cargo de ella. En tanto, el Gobierno y el Congreso bien podrían retomar el debate pendiente sobre una reforma profunda a la Justicia exigida en forma perentoria por la debilidad institucional y el incremento de la corrupción, para asegurar un Poder Judicial independiente que sustente en forma debida nuestro Estado de Derecho Democrático. El proyecto base para esta discusión ya se encuentra en el Congreso desde el 16 de abril de 2021, hace tres años».
