Por fin. Después de décadas de lucha, las adopciones ilegales en Chile dejan de ser un rumor susurrado entre familias rotas y se convierten en verdad oficial y justicia en camino. En las últimas horas, tres hechos han sacudido la historia reciente del país y la memoria de miles de víctimas que llevan años buscando a sus seres queridos.
Durante la cuenta pública anual al país —un acto solemne que marca cada inicio de junio— el presidente Gabriel Boric anunció la creación de un banco estatal de ADN para ayudar a las familias separadas por adopciones ilegales.
Con voz firme, comprometió al Estado chileno a facilitar la reunificación de esas vidas partidas. “Este compromiso representa un paso crucial hacia la verdad, la justicia y la reparación que tantas familias han esperado durante décadas”, aplaudió la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que lleva más de 11 años exigiendo esta herramienta para que la esperanza no dependa solo de la suerte o la caridad de otros países.
La justicia chilena también escribió otro capítulo decisivo. El ministro Alejandro Aguilar Brevis dictó los primeros procesamientos por robo de niños y niñas para adopciones ilegales, un hecho inédito que confirma que estos delitos no fueron simples “irregularidades” sino violaciones a los derechos humanos. Cinco personas —entre ellas la exjueza de menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pávez— fueron procesadas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa.
Varios de los procesados ya están en prisión preventiva, mientras se gestiona la extradición de la exjueza, que actualmente reside en Israel.
“Este logro es fruto de la perseverancia de las madres, de sus familias, de los hijos e hijas robadas, todos y todas quienes nunca dejamos de buscar y luchar por justicia”, expresó Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación. “Hoy podemos volver a creer en la justicia. Este logro es también un recordatorio de que la justicia siempre debe prevalecer sobre la impunidad”, sentenció.
Mientras tanto, en Suecia —uno de los principales destinos de estos niños robados— un informe oficial dio la confirmación final: más de 2.200 niños y niñas chilenos fueron adoptados en ese país, en procesos manchados por tráfico, engaños y la complicidad de redes criminales.
El documento, presentado en Estocolmo, detalla que se cometieron secuestros de menores, falta de consentimiento real de las madres y uso de documentación falsa. Una de las prácticas más crueles fue engañar a las madres diciéndoles que sus hijos habían muerto al nacer, ocultando la verdad y allanando así el camino para que fueran enviados al extranjero.
Lo más conmovedor ocurrió afuera del Parlamento sueco: chilenos y chilenas adoptados se congregaron, ansiosos y emocionados, esperando la entrega del informe que por fin valida lo que siempre sintieron como una herida profunda reclamando el derecho a conocer su historia. (Fotos en Facebook de Chileadoption.se)
