Confianza legítima: Cuando el Estado deja de proteger a sus trabajadores y trabajadoras. José Pérez Debelli, presidente de la ANEF.
Al comenzar noviembre, los trabajadores y trabajadoras del Estado fuimos notificados de que perdíamos una de las grandes conquistas sindicales de estos años y quedamos al arbitrio y decisiones de las autoridades políticas de turno, perjudicando el funcionamiento de la función pública y la atención a la ciudadanía, Cuando un funcionario/a queda supeditada su estabilidad laboral como botín político del gobierno de turno, cuando son despedidos, esto afecta a la “memoria histórica” de las instituciones públicas, es partir de cero, no hay personas que conozcan el trabajo del funcionamiento de las instituciones, como son las y los funcionarios públicos.
El dictamen del 6 de noviembre que relativiza el principio de confianza legítima deroga, en la práctica, la jurisprudencia administrativa por la cual el mismo organismo de control establecía este precepto legal como una herramienta para la defensa de las y los trabajadores públicos, bajo el régimen de contrata, que cada año quedan expuestos a la posibilidad de ser despedidos de forma arbitraria.
Con este nuevo dictamen el principio de confianza legítima no puede invocarse recurriendo a la Contraloría al momento de defendernos, y obliga a las y los trabajadores del Estado acudir directamente a los Tribunales de Justicia, extendiendo los plazos y dejando en el desamparo a quienes pueden perder su fuente laboral.
Las instituciones no funcionan solas, funcionan por las y los funcionarios públicos y si las personas que trabajan para el Estado de Chile cambian cada cuatro años, no solo debilita la estabilidad del empleo, también impide denunciar actos de corrupción en el Estado.
Lo que ha hecho la Contralora es sencillamente un retroceso en el derecho a la estabilidad laboral, que deja nuevamente al arbitrio de las autoridades políticas de turno la continuidad del empleo, y abre una profunda grieta para el avance y futura consolidación del trabajo decente en el Estado.
No lo podemos permitir. La situación es grave y por ello como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, nos hemos declaramos en ESTADO DE ALERTA, y hemos realizado un llamado a mantenernos unidos frente a esta nueva arremetida de despojarnos de los derechos laborales conquistados.
La nueva autoridad del ente fiscalizador de la administración del Estado así desprecia a cientos de trabajadores y trabajadoras, ya que prefiere instalarse desde una posición contraria a todas las recomendaciones internacionales, como han sido variados y documentados trabajos de la Organización Internacional del Trabajo, universidades, especialistas en Derecho del Trabajo, y lo más relevante, no estando a disposición de servir de cobijo a los empleados y empleadas públicas que acusen agresiones políticas, acosos laborales y desmedro de su posición jerárquica.
Creemos firmemente que la movilización pacífica, que nuestros argumentos y que la práctica jurídica asentada en años nos da la razón para considerar que este dictamen está en la línea contraria de los Estados modernos y que entregan señales de protección a sus ciudadanos. Nos deja un gusto amargo que el Senado, que ya vivió un fallo judicial en la misma línea y tuvo que restituir a uno de sus grandes funcionarios, no haya advertido “el criterio Pérez” que está generando tanto daño a los miles de empleados públicos en Chile, situando al cierre de este 2024 la idea que es el “Estado el que esta dejando sin protección a sus servidores públicos”
