Crisis en cárceles: 498 asesinatos en una década y alerta por avance del crimen organizado intrapenitenciario.
Las cifras son contundentes: entre 2015 y 2024 se registraron 498 asesinatos al interior de cárceles chilenas. Solo en 2026, cuando aún no se cumplen dos meses del año, ya se contabilizan siete homicidios, lo que equivale a cerca del 25% del total registrado durante 2025.
Para Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, los hechos recientes —incluido el caso ocurrido en La Serena— no son episodios aislados, sino la expresión de una crisis estructural.
“El hecho de que exista un asesinato en un lugar donde los presos, por muy malos que hayan sido, tienen derecho a la vida, ya es sorprendente. Pero cuando se agregan hechos de extrema gravedad, lo que evidencia esa situación es simplemente descontrol”, afirma.
Y agrega: “No puede haber un centímetro de la cárcel donde el Estado no lo controle a cabalidad, y la verdad es que eso refleja simplemente el descontrol”.
Hacinamiento y violencia: ¿existe correlación?
Actualmente el sistema penitenciario opera con un 147% de hacinamiento y más de 63 mil personas privadas de libertad. Sin embargo, Urquízar advierte que la relación entre hacinamiento y homicidios no es lineal.
“El año pasado fue el año con más personas privadas de libertad, sin embargo se disminuyeron los asesinatos dentro de las cárceles en un 44%. Por lo tanto, no hay una correlación tan directa”, explica.
A su juicio, el problema central no es solo la sobrepoblación, sino la pérdida de control territorial dentro de los recintos.
El avance del crimen organizado tras las rejas
El informe del OCRIT revela un incremento explosivo de delitos intrapenitenciarios entre 2015 y 2024:
- Incautaciones de drogas: +1.205%
- Extorsiones: +5.100%
- Amenazas: +279%
- Agresiones: +41%
- Más de 117.000 celulares incautados (+257%)
Para Urquízar, estas cifras reflejan un fenómeno más profundo: “Lo que está evidenciando todo lo que hace relación con el territorio de la cárcel es que quien controla esos lugares no es precisamente el Estado, sino el crimen organizado”.
El celular, explica, se ha transformado en el principal instrumento de poder dentro de las cárceles: “El celular no es solo un mecanismo para llamarse, sino que es el instrumento de ejecución de los delitos”.
Según datos de Contraloría citados por el académico, de 79 recintos penitenciarios solo 10 cuentan con inhibidores de señal y apenas tres operaban con tecnologías compatibles con redes actuales. “Decir que se tiene el control absoluto de las cárceles es osado”, sostiene.
¿Menos homicidios significa más control?
En 2024 se registraron 48 asesinatos en cárceles; en 2025 la cifra bajó a 27. Sin embargo, Urquízar plantea dos posibles lecturas.
“La primera es que exista un control total por parte del Estado. La segunda es que exista un control total por parte de una banda de crimen organizado que ya no necesita disputar el territorio”, advierte.
Para el académico, la tendencia deberá observarse en el tiempo antes de concluir que existe una mejora estructural.
Corrupción y debilitamiento institucional
Uno de los elementos más preocupantes es la infiltración criminal. La denominada “Operación Apocalipsis” detectó a 43 funcionarios vinculados a una organización que habría movido más de $6.200 millones entre 2022 y 2025.
“Si todos los delitos suben y el único que baja es el soborno, hay una contradicción evidente”, señala Urquízar, apuntando a una posible cifra negra.
A su juicio, el sistema requiere fortalecer con urgencia la inteligencia y contrainteligencia penitenciaria: “Se necesita eliminar los malos elementos y, por otro lado, fortalecer y proteger a los buenos funcionarios que sí cumplen su labor”.
El riesgo de que las cárceles se transformen en centros de operación
Urquízar advierte que la experiencia internacional demuestra que las principales organizaciones criminales del mundo han nacido en prisión.
“Las cárceles han sido nodos del crimen organizado. Si las cárceles son dominadas por el crimen organizado, ¿Qué queda para el resto del territorio nacional?”, plantea.
Actualmente, un 16,1% de la población penal es extranjera, y varios líderes de bandas transnacionales se encuentran recluidos en Chile, lo que aumenta la complejidad de la gestión penitenciaria.
Las reformas necesarias
El académico propone una política de Estado que combine medidas inmediatas y estructurales:
- Fortalecer la inteligencia penitenciaria e integrar a Gendarmería al sistema de inteligencia del Estado.
- Implementar regímenes de segregación especial para líderes criminales de alta peligrosidad, similar al modelo italiano 41 bis.
- Mejorar la coordinación entre Gendarmería, Ministerio Público, Carabineros y PDI.
- Avanzar en construcción y adecuación de recintos para reducir hacinamiento y evitar “contagio criminógeno”.
“Esto requiere una visión de Estado. No podemos discutirlo en clave de izquierda o derecha. Lo que ocurre dentro de las cárceles repercute fuera de ellas”, concluye.
