“No la vimos venir” fue una frase recurrente que se hizo popular en el contexto político chileno durante el estallido social de 2019, cuando las autoridades, incluyendo al presidente Sebastián Piñera, la utilizaron para expresar su sorpresa ante la magnitud y la velocidad del movimiento social.
Pareciera que dicha frase hoy es igual de vigente.
¿Por qué, se preguntará usted?
Pues porque el caso “Licencias Truchas” que azota las aguas políticas no es un tema de hoy. Tampoco se conoció recién a partir de la denuncia de la Contraloría General de la República a mediados de mayo de este 2025.
Si bien el uso y abuso de las licencias médicas es de larga data, no es menos cierto que los hechos que hoy nos escandalizan no son de hoy y se conocían, latamente desde al menos el 13 de agosto de 2024.
Aquí el dato: Caso licencias falsas salpica a miles de funcionarios
Efectivamente. Poco antes de esa fecha se había detectado por la policía nacional, que una banda de médicos extranjeros “vendían” licencias truchas a funcionarios públicos.
El martes 13 de ese mes, una compungida ministra de Salud, Ximena Aguilera, declaraba que estaba al tanto que funcionarios públicos eran clientes de los médicos tras el fraude. No se quedó allí, dijo que era “importante controlar a las personas que compran esas licencias médicas y siendo funcionarios públicos, por cierto, que nos parece muy mal”.
Y agregó que se están “recabando todos los antecedentes para hacer una investigación sumaria y un sumario, si corresponde, a cada una de las personas que aparezcan que adquirieron licencias médicas en este sistema fraudulento que fue identificado por la Policía de Investigaciones”.
Todavía llegó más lejos, afirmó que “la División Jurídica del Ministerio y el Compin justamente están recabando los antecedentes para que hagamos este proceso administrativo”.
Sí, leyó bien. Desde agosto de 2024 el Ministerio de Salud y el Compin estaban “investigando esta situación”. Pero, ¿Cuántos sumarios se hicieron por este hecho desde ese día hasta la denuncia de la contraloría?
Se pudo evitar
Si ahora en menos de una semana se han instruido 6592 sumarios administrativos, según se dio a conocer por el gobierno, es legítimo preguntar ¿Por qué no se hicieron cuando se conoció la situación?
¿Cuántos más funcionarios, viendo la desidia gubernamental siguieron con sus “licencias turísticas” hasta hoy?
Otro dato que indigna y se pudo evitar de actuar con la diligencia debida. Tras la denuncia de contraloría, más de 1152 funcionarios públicos renunciaron por este tema. No solo buscaban evitar el ser destituido. Menos de vergüenza por su actuar facineroso.
Lo hicieron para evitar la sanción que les impidiera más tarde volver, como si nada, a la administración del Estado.
Es cierto que se determinarán casos de licencias que no fueron mal usadas o, que al menos, tendrán una explicación del viaje.
También es cierto que las licencias truchas que hasta ahora se conocen representan un bajísimo porcentaje del total de funcionarios públicos en el país.
Indigna que se trate de sacar provecho político del tema. Ciertamente no nació de este gobierno. Es más, solo un 10% de los presuntos involucrados ingresaron a la administración pública en este mandato, según datos del ministro Mario Marcel.
Pero lo anterior no significa no hacer un juicio duro a la negligencia inexcusable de la señora ministra de Salud, a ese ministerio y al Compin. Dejaron pasar 9 meses para exclamar con cara compungida “no la vimos venir”.
Ello, porque sí lo sabían y mucho antes y fueron cómplices del gastadero miserable de recursos públicos.
En un país normal, la señora ministra debiera ser acusada constitucionalmente por grave abandono de sus deberes. Omisión grave o reiterada de las funciones y responsabilidades del cargo.
Pero claro, de seguro la oposición trataría de hacer un show de esto y terminaría derrotada, como en las anteriores 8 oportunidades. Otra institución de fiscalización convertida en “chimuchina”.
