¿Serán atorrantes al autorizar el Claro Arenas en Las Condes?

Antes que nada debo decir que yo no utilizo la grosera palabra «atorrante». Y,  si está mencionada en el título de esta columna es para aludir a los creativos de la UDI que tratan así a los funcionarios públicos del actual gobierno.

Ellos creen que, con este tipo de expresiones soeces, por lo tanto pareciéndose al argentino Milei, van a ganar la elección del próximo 16 de noviembre. Lo mismo hicieron los llamados Republicanos de Kast que trataron de «parásitos» a quienes se desempeñan en la administración pública y para no ser menos, Kaiser trata de «tránsfuga» y «deshonesto» a Boric.

Allá ellos con sus vulgaridades, dejándose en claro que en la situación que se denuncia enseguida, ingresada el 31/10/2025 por la fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría General de la República, ahora por los atochamientos vehiculares en los alrededores del estadio de la Universidad Católica en Las Condes, complementa una anterior referida a la incorrecta aplicación de las pinturas intumescentes en ese recinto.

A diferencia de los políticos de derecha que emplean términos ofensivos en contra de sus adversarios, sostenemos que este caso se produjo posiblemente por falta de conocimientos técnicos de aquellos actores privados y funcionarios municipales que intervinieron en el respectivo trámite administrativo del proyecto Claro Arena de la UC, con dirección Camino Las Flores 13.000.

Asimismo, para evitar malos entendidos, declaro que soy absolutamente independiente en materias políticas, lo que se aprecia sin lugar a dudas en las miles de mis publicaciones por años, en las cuales, criticando con fuerza y sin temor a represalias, las innumerables trampas que se cometen, entre otros, en los sectores de vivienda, urbanismo, obras públicas, transporte y medio ambiente, siempre haciendo valer las disposiciones legales que el Estado se ha dado para que funcione el sistema de libre mercado. Es evidente que no soy del agrado de aquellos inversionistas acostumbrados a las prebendas que, en ocasiones, reciben del sector público.

Pues bien, en nuestra reciente denuncia en Contraloría le dijimos que habíamos revisado el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y la red vial estructurante, definida en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, junto con el respectivo permiso de edificación N° 105/2016 y un certificado de informaciones previas (CIP) del amplio terreno donde se emplaza el proyecto de ampliación, pues el estadio existe desde el año 1988. Estamos hablando de un equipamiento mayor, razón por la cual debía enfrentar obligatoriamente una vía troncal o expresa.

En ese CIP se expresa que el predio enfrenta 2 vías troncales: Camino San Francisco de Asís y Camino El Alba y que está afecto a la declaratoria de

utilidad pública de la vía expresa Paseo Pie Andino, indicándose asimismo que «parte de la vialidad que enfrenta el predio, aun no ha sido urbanizada, ni garantizada, ni incorporada al bien nacional de uso público”. Suponemos que la funcionaria municipal que cursó el permiso sabía que, para efectos de la localización de equipamientos, las vías que los enfrenten y que admiten sus emplazamientos, deben estar materializadas antes de autorizar un permiso de edificación o bien, en los casos que el urbanizador deba ejecutar las mismas, realizarlas en forma previa a su recepción definitiva de obras, la que en este caso ya fue otorgada. (sic)

Si bien el predio enfrenta vías troncales, el estadio no tiene acceso al Camino San Francisco de Asís por existir otras construcciones que impiden el ingreso/salida en vehículo hacia dicha vía. En el caso de la calle Camino El Alba, el acceso a ella se proyectó en el Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano (EISTU), método vigente en la aprobación del permiso, mediante una vía interna que fue planificada como conexión con los estacionamientos satélites del proyecto, que se ubican

fuera del predio y que le pertenecen a la Clínica San Carlos de Apoquindo y a la Universidad de Los Andes, que se utilizan en ciertos casos. La vía Av. Pie

Andino no existe en el sector y actualmente el EISTU ha sido reemplazado por el IMIV (Informe de Mitigación de Impacto Vial).

Dado lo anterior, el acceso a los estacionamientos en el predio del proyecto, que son la mayor parte y los preferidos por los asistentes, se produce en la práctica a través de las vías República de Honduras y Avenida Las Flores, que no tienen jerarquía troncal o expresa, como exige la OGUC. Aunque parezca inverosímil, leyendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), hemos constatado que este equipamiento deportivo lleva años funcionando sin que se hubiese urbanizado y entregado al uso público un tramo importante de Camino El Alba. Podríamos seguir dando cuenta de situaciones irregulares, pero para no aburrir a los lectores las omitimos. En todo caso, estamos seguros que la Contraloría le exigirá al municipio, en resguardo de la calidad de vida de sus vecinos, que se someta aunque tarde al mandato legal.

Finalmente, se debe destacar, como un hecho positivo, que el dirigente vecinal, Juan Pablo Salinas, quien es uno de los miles de perjudicados por los flujos vehiculares de los asistentes a Claro Arena, también denunció en la Contraloría y ante el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, esta falta de servicio del municipio de Las Condes. En nuestra opinión, quienes evaluaron los impactos negativos de este aumento en la carga de ocupación del recinto, posiblemente para no ser tachados de «tramitadores», consintieron en aprobarlo sin rigor y por ende, sin criterios preventivos, para que así los inversionistas interesados no hablen de «permisología».

Aunque a nadie le interese, en mi condición de conocedor del sistema político imperante, debo manifestar que mi voto será nulo en la primera vuelta presidencial y que tengo la intención de publicar un libro, que sería lanzado inmediatamente después de que asuma en marzo de 2026 el presidente (a) elegido, para que así, conociéndose su contenido, el nuevo gobierno, con funcionarios competentes en cada ministerio y servicios, no repita las reiteradas equivocaciones que se han producido en los anteriores.