Venezuela: Chile y la paradoja de la intervención vista en la historia, la coherencia y la ética.
La política tiene memoria selectiva, pero los archivos no olvidan. Las reacciones del sistema político chileno frente a la intervención extranjera en Venezuela revelan una paradoja histórica que solo puede comprenderse con apego riguroso a los hechos y a la experiencia acumulada de las últimas cinco décadas.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la derecha chilena reaccionó de manera sistemática contra las condenas y presiones internacionales por violaciones a los derechos humanos. Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, informes de organismos multilaterales, boicots comerciales y sanciones diplomáticas eran denunciados como injerencias inadmisibles en los asuntos internos de Chile. La defensa de la soberanía y el principio de no intervención fueron entonces pilares centrales de su discurso.
La historia no miente
El propio Pinochet lo expresó en 1978, en un contexto de crecientes boicots internacionales: “Chile está siendo objeto de un cerco económico internacional injusto, impulsado por intereses políticos que buscan doblegar nuestra soberanía.”
Desde la Cancillería del régimen, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Hernán Cubillos reforzó esa línea al señalar en 1979: “Estos boicots no tienen fundamento moral ni jurídico. Son actos de intervención encubierta que dañan al pueblo chileno.”
La narrativa era -en su mirada- coherente: cualquier presión externa, incluso no armada, era presentada como una forma ilegítima de intervención.
La izquierda chilena, en cambio, adoptó una posición distinta y más compleja. Condenó la dictadura, respaldó activamente la presión internacional y promovió acciones concretas de aislamiento político y económico, siempre evitando —y este punto es clave— demandar una intervención militar extranjera.
Presión internacional con base legal
Un hito decisivo fue la aprobación en Estados Unidos de la International Security Assistance and Arms Export Control Act of 1976, legislación que integró y amplió lo que se conoció políticamente como la Enmienda Kennedy. Esta norma prohibió la asistencia militar y la venta de armas y repuestos a Chile, condicionando cualquier cooperación en defensa al respeto de los derechos humanos.
No se trató de una señal simbólica, sino de una norma legal vinculante. El régimen reaccionó con dureza. Pinochet afirmó entonces: “Estados Unidos pretende imponernos condiciones inaceptables bajo el pretexto de los derechos humanos.”
La izquierda chilena valoró esa legislación como un precedente histórico que vinculaba derechos humanos y comercio de armas, sin por ello promover acciones armadas externas.
Boicots sindicales y comerciales documentados
A esta presión legal se sumaron boicots coordinados por organizaciones sindicales internacionales, muchas de ellas articuladas con partidos de izquierda chilenos en el exilio.
Durante los años setenta y ochenta, estibadores en Estados Unidos y Australia se negaron reiteradamente a descargar productos chilenos como protesta contra el régimen. En septiembre de 1979, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) convocó a un boicot mundial de transporte y comunicaciones contra Chile, exigiendo la restitución de derechos sindicales y libertades democráticas.
También en Europa, las acciones se focalizaron en sectores estratégicos. En Milán, en 1977, sindicatos bloquearon camiones cargados con cobre chileno, la principal fuente de divisas del país, iniciando una serie de medidas coordinadas en otros puertos europeos. Paralelamente, se promovieron campañas de “consumo ético” contra frutas y bienes de exportación chilenos, bajo el lema explícito de no financiar la represión.
Un efecto no deseado, pero…
Estas acciones fueron defendidas públicamente por dirigentes de izquierda. En 1979, el entonces dirigente socialista Clodomiro Almeyda sostuvo: “Las acciones de boicot internacional son una respuesta ética frente a un régimen que ha clausurado toda vía democrática interna.”
Desde el Partido Comunista, su secretario general Luis Corvalán afirmó en 1980: “El aislamiento económico y político del régimen es una forma legítima de lucha internacionalista contra la dictadura.”
La respuesta del régimen fue inmediata. Tras los bloqueos al cobre, el entonces ministro de Economía Fernando Léniz declaró en 1977: “Quienes promueven estos boicots buscan provocar desempleo y hambre en Chile para fines políticos.”
El efecto era real. Los boicots impactaron el comercio exterior, el ingreso de divisas y la imagen internacional del país. La presión económica fue asumida explícitamente como un mecanismo para generar desgaste interno y acelerar la caída de la dictadura, sin recurrir a la intervención militar extranjera.
El espejo venezolano
Cincuenta años después, el escenario se invierte de manera llamativa. Frente a Venezuela, una parte significativa de la derecha chilena celebra o justifica la intervención extranjera directa como vía legítima para terminar con una dictadura. La soberanía, antes invocada frente a sanciones y boicots, queda subordinada a la urgencia política.
La izquierda y la centroizquierda, en cambio, mantienen una línea coherente con su historia: condenan sin ambigüedades la dictadura de Nicolás Maduro, reconocen las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, respaldar presiones diplomáticas y económicas, pero rechazan la intervención armada.
Desde la izquierda chilena no se ha modificado sustantivamente su rechazo a la intervención militar extranjera. No se vio a la izquierda pidiéndole a la Unión Soviética de entonces venir a sitiar a Chile o «extraer» a Pinochet de manera violenta. La derecha, en cambio, sí ha cambiado su marco de referencia. Lo que antes fue denunciado como injerencia hoy se presenta como liberación.
Una paradoja
La paradoja, en rigor, no es ideológica sino ética.
No se trata de izquierda y derecha como etiquetas, sino de coherencia en el uso de los principios. Durante la dictadura chilena, la izquierda sostuvo —con costos reales— que la presión internacional, incluso cuando dañaba la economía, era un mal menor frente a la normalización de la tortura, la desaparición y el autoritarismo. Nunca cruzó, como línea política mayoritaria, el umbral de pedir una intervención militar extranjera. Su marco fue claro: presión dura, sí; guerra externa, no.
Lo que se escribió con la mano…
Hoy, medio siglo después, parte de la derecha chilena invierte ese razonamiento. Justifica la intervención armada extranjera en nombre de los derechos humanos, aun cuando ayer consideraba ilegítimas sanciones económicas, boicots sindicales o resoluciones multilaterales mucho menos intrusivas. El principio de soberanía, entonces intransable, se vuelve hoy flexible. No por una reflexión doctrinaria profunda, sino por conveniencia política y por el signo del régimen cuestionado.
Ahí está el punto incómodo. Los principios no valen por a quién benefician, sino por cuándo se sostienen aun cuando incomodan.
La ética política no consiste en tener razón esta vez, sino en no cambiar las reglas según el caso.
Venezuela no solo interpela a la región por su tragedia interna. Interpela a Chile porque obliga a preguntarse quién ha sido coherente en el tiempo y quién ha borrado con el codo lo que escribió con la mano.
