Ordenan alzamiento del secreto bancario a Farmacias Populares. El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la fiscalía.
Jadue tiene la calidad de imputado en esta causa
“Con el mérito de los antecedentes aportados, como se pide, se autoriza el levantamiento del secreto bancario de la cuenta bancaria de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP)”.
Así resolvió la magistrada titular del Tercer Juzgado de Garantía, Paulina Moya, la petición que había realizado el pasado viernes la fiscal Giovanna Herrera.
El alcalde Daniel Jadue, presidente de Achifarp, ha sido citado a declarar como imputado en la causa en que se investiga eventuales delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y cohecho, entre otros.
Jadue tiene varias causas en que se le han imputado delitos en los cuales no ha sido formalizado aún.
Ya existen antecedentes que han llevado a levantar el secreto bancario
En el escrito, la fiscal a cargo del caso, señaló: “en esta causa se investigan delitos de administración desleal, estafas y otras defraudaciones, fraude al Fisco, delitos concursales y cohecho.
Que previamente se autorizó judicialmente en dos oportunidades el levantamiento de secreto bancario de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, en adelante ACHIFARP.
Primero del año 2019 al 2021 y luego se extendió hasta el año 2022, en sendas resoluciones de ese tribunal, fundadas en los numerosos antecedentes detallados en los escritos respectivos y que pido a su señoría tener por reproducidos”.
Agrega el Ministerio Público que “para continuar con la investigación, especialmente la determinación del patrimonio total afectado de la ACHIFARP, víctima en esta causa del delito de administración desleal, y que se encuentra en proceso de liquidación concursal forzosa desde el año 2022.
Antecedentes básicos para determinar el perjuicio fiscal
Por lo mismo, es esencial para determinar las operaciones fraudulentas y abusivas ampliar el periodo de revisión de la cuenta bancaria.
Debe abarcar la totalidad del periodo que fue utilizada y de esa manera permitir determinar con claridad todas operaciones que generaron la insolvencia punible”.
La fiscal, dijo que el alzamiento del secreto de las cuentas era importante, dado que “su análisis contable completo es necesario y proporcional a la investigación penal que se desarrolla, toda vez que es fundamental para determinar el perjuicio y las operaciones fraudulentas”.
Contraloría, en 2022 emitió un informe que cuestionó duramente la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
La acción solo dice relación con la falta de respaldos, no del modelo
Allí no se revisó el modelo de negocio, ya que eso no fue objeto de fiscalización.
Lo que sí fue auditado por Contraloría fueron los inexistentes estados financieros y la falta de información administrativa.
Dado lo anterior, el entonces contralor Jorge Bermúdez envió los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El objeto es que se persigan en el ámbito penal las responsabilidades detectadas en el mal manejo de dineros fiscales por parte de la agrupación.
Se habrían negado a entregar la información
El informe final dio cuenta que los fiscalizadores no pudieron acceder a los estados financieros de los años 2019 y 2020.
Tampoco a los “Informes de rendición de cuenta anual” que establecen sus estatutos.
Contraloría no pudo verificar la situación financiera y patrimonial de las “Farmacias Populares”, lo que fue solicitado en reiteradas oportunidades sin respuesta.
La falta de respaldo e información financiera hizo que se decidiera remitir la auditoría a manos del entonces fiscal nacional Jorge Abbott.
Contraloría no tuvo acceso a información crucial de Achifarp
Otra situación que se cuestionó en esa auditoría es que “no se obtuvieron los procedimientos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.
Tampoco se halló, según el documento, el procedimiento de cómo se contabilizan las cuotas mensuales sociales que deben pagar los municipios.
Así tampoco cuáles son los inventarios y la valorización de los medicamentos que en estas farmacias se adquieren.
