El Partido Republicano rechazó el llamado que hizo el ministro de Justicia, Luis Cordero, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a evaluar su renuncia a la institución antes de ser formalizado el próximo 7 de mayo, por presuntos delitos en el contexto del estallido social.
La colectividad acusó que hay una “ofensiva del Partido Comunista, apoyada por algunos ministros del gobierno del Presidente Boric” en ese sentido.
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“Representa un intento de la izquierda radical, amparada por sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial, de perseguir a una institución en su totalidad para limitar e inhibir su capacidad de cumplir con las funciones que la Constitución y la ley le encomiendan para el control del orden y el resguardo de la seguridad pública”, plantearon a través de un comunicado.
LLAMADO A APOYAR A YÁÑEZ
En línea con ese argumento, hicieron un llamado al gobierno a entregar “su total y absoluto respaldo” a Yáñez y a “toda la institución de Carabineros de Chile para que siga cumpliendo su deber sin otra restricción o limitación que el cumplimiento de la Constitución y la ley”.
“En días en qué se discute la posibilidad de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, en el contexto de la grave crisis de seguridad pública y nacional que vivimos, el gobierno tiene la responsabilidad de apoyar a las instituciones y no seguir exponiéndolas, irresponsablemente, sin el respaldo político y jurídico que se observó a partir del estallido delictual de octubre de 2019″, recalcaron.
NO CUESTIONAR A LA PDI COMPLETA
La declaración del Partido Republicano también tuvo palabras sobre la próxima formalización del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y el traspaso de información al abogado Luis Hermosilla respecto de filtración de investigaciones policiales en curso.
La colectividad calificó los hechos como “gravísimos”, pero llamó a no cuestionar a toda la institución.
“Requieren de una investigación rigurosa y exhaustiva, que permita juzgar y condenar con la mayor severidad posible de confirmarse las denuncias que se han conocido», plantearon.
«En caso alguno, ello debe implicar un cuestionamiento a la institución en su conjunto, donde miles de funcionarios de la PDI cumplen una labor fundamental en la lucha contra el crimen organizado del país”, concluyó el comunicado.
