Convengamos en que adjudicar un cargo a través de un concurso público y despedir a esa persona a los dos días es, a lo menos, peculiar. Y eso es lo que sucedió en el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg) Los Ríos con la socióloga Isabel Amor.
El argumento: pérdida de confianza. El detalle es que después de eso no hubo ninguna otra explicación.
Y todo quedó abierto a especulaciones, conjeturas y teorías conspirativas.
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Ocurrió a principios de mes. La afectada reclamó discriminación y que le estaban haciendo cargar con los pecados de su padre: Manuel Antonio Amor Lillo cumple tres años y un día de presidio por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Luis Alberto Corvalán Castillo (ingeniero agrónomo, 27 años, militante del PC e hijo del secretario general del mismo partido, Luis Corvalán Lepe).
Si bien la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descarto lo ocurrido tuviera que ver con ese motivo y aseguró que «ninguna pérdida de confianza está asociada a vínculos de sangre», lo cierto es que esta no es la primera vez que se le enrostra.
“SOLO EL TIEMPO NOS DIRÁ”
En abril pasado, en su anterior trabajo, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Ñuble, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) local mandó una carta a su directora nacional, Consuelo Contreras, diciendo que “nos parece del todo relevante, especialmente considerando la investidura del cargo que ella tiene dentro de la institución, que se hubiese transparentado su relación familiar con un torturador, además de su posición frente a este hecho que marca los años más tristes y oscuros de nuestra historia reciente”.
Además de pedir explicaciones de si estaban en conocimiento de su relación de parentesco desde un principio y por qué no fueron informados, solicitaron la destitución de Isabel Amor.
“Solo el tiempo nos dirá si los conceptos de respeto a los derechos humanos son valederos por parte de la directora regional del INDH”, aseveró, la presidenta de la AFDD de Ñuble, Teresa Retamal, en La Discusión de Chillán.
PECADOS DE FAMILIA
La respuesta de Contreras no se hizo esperar.
“La jefa regional de la sede del INDH de Ñuble (Amor) ha manifestado formalmente su preocupación sobre la materia, y la relevancia de que no exista ninguna duda respecto de su condena a los crímenes de lesa humanidad”, aseveró.
Recalcó que le había trasmitido “la más absoluta certeza de que jamás estaría disponible para defender ningún tipo de violación a los derechos humanos, sean del pasado o del futuro”.
Asimismo, expuso la trayectoria de Amor de casi 10 años de trabajo “dedicados únicamente a la defensa y promoción de derechos humanos” y que “cada vez que ha tenido la oportunidad de reafirmar la urgencia de verdad, justicia y reparación, lo ha hecho”.
EL SILENCIO DE ORELLANA
Más allá de las versiones de que hay denuncias de maltrato en un anterior cargo como para justificar la medida, Antonia Orellana, ministra del Servicio Nacional de la Mujer, lleva cuatro días guardando silencio sobre lo ocurrido.
Esto, pese a que el cargo de Isabel Amor depende directamente de su cartera y a que la profesional fue elegida a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Por lo pronto, existe un estándar que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que cuando el Estado despide invocando cláusulas arbitrarias “de confianza” tiene que justificarlo y no puede disimular razones discriminatorias.
A eso apela la Fundación Iguales, donde Amor fue directora ejecutiva.
“No puede ser que el gobierno de Boric y el ministerio de la Mujer, dirigido por Antonia Orellana, traten de manera así de discriminatoria a una mujer contratada por Alta Dirección Pública en un proceso transparente. Las explicaciones dadas hasta ahora son torpemente inverosímiles”, dijo Pablo Simonetti, uno de sus fundadores.
«POCO CLARO»
Han salido a opinar voces desde la comunidad LGRBIQ, donde Amor ha trabajado como activista de derechos, hasta del ámbito político.
El exministro de la Concertación Genaro Arriagada planteó que «de ser ciertos estos hechos, estaríamos ante la discriminación en contra de una categoría de personas a las que no se les pena por sus actos, sino por las conductas de sus padres. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género debe una explicación».
El senador PS Alfonso de Urresti dijo que Amor se contactó con él y que «me parece poco claro y poco justificado que tomada una decisión, a los dos días se argumente la pérdida de confianza, y acá debería dar una explicación la directora de Sernameg».
En tanto, la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara, Ana María Bravo (PS), aseveró que «es una situación altamente preocupante y lamentable. Tanto Sernameg como el ministerio de la Mujer deben explicar las motivaciones de esta desvinculación ya que, de concluirse la existencia de discriminación, sería muy grave».
Por lo pronto, las diputadas de la UDI Flor Weisse, Marlene Pérez y Marta Bravo, anunciaron que citarán a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, para que aclare las razones por las que se tomó la determinación.
