El coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP), Franco Moreno, quien lidera la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), compartió detalles sobre los recientes esfuerzos de la policía peruana para localizar a Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital.
Coeymans es acusado en Chile de orquestar un esquema fraudulento que causó un perjuicio de aproximadamente $30.000 millones al factoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela.
«Él había sido intervenido, nosotros lo habíamos intervenido en Pucallpa, pero un juzgado lo soltó. Hoy no lo han encontrado en Lima, estamos en eso. Vamos a ver qué hacemos para ubicarlo. Él está ahora requisitoriado acá en Perú y con alerta roja internacional. Está prófugo y la policía lo está buscando», explicó Moreno.
CORTE SUPREMA DE PERÚ
El pasado 19 de junio, la Corte Suprema de Perú ordenó la detención de Coeymans para su extradición a Chile.
El ejecutivo enfrenta cargos por asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumentos mercantiles falsos, alteración de datos informáticos, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.
Hasta ahora, la policía peruana ha intentado detenerlo en su departamento en Barranco, Lima, pero no ha tenido éxito ya que Coeymans no se encuentra en la vivienda. Por orden judicial, debía permanecer en el inmueble que compartía con su pareja, la ex Miss Perú 2019, Tiffany Yoko Chong.
FRANCISCO COEYMANS
El martes 2 de julio, su abogado en Perú, Ricardo Gómez, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Huara. El recurso se dirige contra los jueces de la Corte Suprema de Perú: César San Martín, María del Carmen Paloma, Iván Sequeiros, Norma Carbajal y Saúl Peña.
Según el recurso, el nuevo domicilio de Coeymans es en la calle Prolongación de Arequipa, Distrito de Huacho, provincia de Huara.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El recurso se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos y en la Constitución Política de Perú. En su presentación, Coeymans alegó una «grave afectación al derecho a la tutela procesal efectiva», argumentando que la orden de extradición carece de motivación.
Antes de este nuevo recurso, el abogado de Primus Capital, César Nakazaki, declaró a Pulso La Tercera: «Nosotros no participamos en las acciones policiales para su captura. Al no haberse entregado luego de conocer su defensa la decisión de la Corte Suprema, podemos deducir que hoy es prófugo de la justicia».
El 12 de abril, el Departamento Internacional de Búsqueda y Captura de Prófugos de Interpol Lima detuvo a Coeymans, siguiendo una resolución judicial del 3 de abril emitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por los presuntos delitos de administración desleal, uso malicioso de instrumentos mercantiles falsos, asociación ilícita, blanqueo de capitales, alteración de datos informáticos y acceso ilícito a sistemas informáticos.
SEGUNDA FISCALÍA SUPREMA PENAL DE PERÚ
El 6 de junio, Coeymans solicitó: «Dejar sin efecto su renuncia al procedimiento de extradición simplificada» y presentó documentos que acreditan su arraigo domiciliario: contrato de alquiler, recibos de servicios y partida de matrimonio con su cónyuge peruana.
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El 11 de junio, la Segunda Fiscalía Suprema Penal de Perú solicitó cambiar la medida de comparecencia con restricciones de Coeymans por detención preventiva con fines de extradición por un plazo de 10 meses.
CORTE SUPREMA
Además, señaló: «La Corte Suprema no ha tomado en cuenta que Francisco Coeymans, como parte del proceso de cese de prisión preventiva, entregó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo sus dos pasaportes, el chileno y el belga. Esta conducta procesal no ha sido ni siquiera mencionada y, por lo tanto, no ha sido valorada por la Corte Suprema en la arbitraria decisión que es materia de esta acción de garantía constitucional».
«En este caso, no se justifica de manera suficiente, concreta, clara y objetiva la existencia de algún motivo que acredite la existencia de un posible peligro de fuga, concluyendo únicamente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, solo desde la perspectiva de la pena probable, que hay peligro de fuga», agregó.
«Si bien, el nivel de calidad del arraigo resulta importante al momento de determinar el peligro de fuga, para determinar tal nivel no basta con esgrimir argumentos especulativos basados en la pena probable a imponer, sino en conclusiones razonables obtenidas del análisis de datos y pruebas objetivas», concluyó.
