Al respecto, los querellantes indicó que, “la tarea de ponerse al día en una investigación que había avanzado 14 tomos en sus 8 meses de ausencia”, por lo que revisados los antecedentes,

y cotejados con la información propia de la Municipalidad, “se revelaron nuevos hechos ocurridos durante la administración de Cathy Barriga que revisten caracteres de delito y requieren ser investigados”.

Esto es posible, por que dicho municipio  recuperó la calidad de querellante luego de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago el 12 de septiembre.

FUERZA DE MUJER

La querella apunta a Barriga por negociación incompatible en el programa “Fuerza de Mujer”, la inscripción a nombre propio de un programa municipal y decretos suscritos por la exautoridad en situación de conflicto de interés evidentes.

y la “utilización de instalaciones sanitarias como un set televisivo”.

En ese sentido, ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, piden que la fiscal del caso, Constanza Encina,

despache orden de investigar a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana y se cite a declarar en calidad de imputada a Cathy Barriga.

Asimismo, que se cite a declarar a la abogada Maritza Ojeda Hidalgo; al abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Maipú; a la exdirectora de la Dirección de Asesoría Jurídica;

al abogado Óscar Rivera Vega; al superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas; al director de SMAPA, Felipe Neira Morales;

al actual director de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Maipú, Fabián Farías Quijada; y a todos quienes ejercieron el cargo de director de SMAPA durante el periodo 2016-2021.

INSISTIRÁN EN QUE SE DICTE PRISIÓN PREVENTIVA

Cathy Barriga sigue en la polémica mientras cumple arresto domiciliario.

Hace poco anunció su fichaje a la plataforma de contenido erótico On fayer, en medio de su reclusión total que cumple en el marco de la investigación.

Asimismo, fue re formalizada a mediados de septiembre, cuando la Fiscalía Oriente sumó nuevos antecedentes en contra de la ex edil.

Por ejemplo, se acusó la eventual falsificación de los estados financieros presentados a la Contraloría, lo que aumentaría el déficit de $32 mil millones que quedó tras su gestión.

Un nuevo capítulo podría escribirse el 29 de octubre, cuando se vuelvan a discutir sus medidas cautelares.

José Pedro Silva, abogado de la casa edilicia, anunció que en dicha instancia insistirán en la prisión preventiva de la ex autoridad.