«En este caso que ha sido tan público, uno lo mira desde afuera y dice: ‘pucha, en realidad si a mí me pasara esto, yo no sé si sea tan bueno denunciar si voy a tener que esperar todo este tiempo'», planteó María Elena Santibáñez, abogada de la querellante en la investigación por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, tras la suspensión por parte de la justicia de la audiencia de preparación del juicio oral en esa causa.
Ahora quedó fijada para el 3 de marzo de 2027. El motivo de su postergación es que la acusación se presentó fuera de plazo.
Al respecto la legista explicó que «nosotros presentamos una acusación particular. El plazo es de hasta 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral, plazo que vencía el 20 de septiembre. Como era día domingo, se prorrogaba para el 21, pero nosotros lo presentamos el 17 de septiembre. La acusación prácticamente era adhesión a la acusación fiscal «.
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Sin embargo, agregó, la resolución «fue notificada al abogado defensor el 23 de septiembre. Al acusado Monsalve, como estaba en Valparaíso, le llegó la notificación el 28 de septiembre, entonces hizo uso la defensa de una norma que dice que debe estar notificado el acusado de todas las acusaciones 10 días antes de la audiencia del juicio».
En entrevista con Radio 13C Santibáñez relató que «hicimos las alegaciones respectivas en el sentido de que no había ninguna sorpresa para ellos y estaba notificado además el abogado defensor. Esta acusación es prácticamente idéntica a la que se presentó en diciembre cuando se había cerrado la investigación».
«La jueza dijo que se reprogramaba e inmediatamente fijó esta fecha increíble, que es prácticamente cinco meses meses más». Les dijo que no había sala disponible.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Para la abogada y también para la Fiscalía una postrergación tan larga vulnera los derechos básicos de la víctima.
«Resulta absurdo que, a pesar de establecerse ese plazo en lógica de un reagendamiento, se prorrogue prácticamente cinco veces más del plazo que está en la ley. Con buena voluntad, me parece que un tribunal pudiese hacer los ajustes para lograr un reagendamiento y lograr una audiencia más próxima, considerando que han pasado dos años», cuestionó Santibáñez.
Sobre todo, enfatizó, porque «se trata de un caso que supone una afectación muy importante documentada con el equipo médico. Ella nunca ha podido volver a retomar su vida, no ha podido volver a trabajar, ha tenido que estar con ingesta de medicamentos diarios, ha tenido que estar internada varias veces. Es una afectación que supone un caso de violencia de género emblemática con una exposición pública impresionante».
«Lo lógico es que una persona que está señalando que no es culpable, lo esperable es ir pronto a juicio. Ya no hay más diligencias probatorias. Entonces, durante todo este lapso estamos congelados ¿Qué busco? ¿Que los testigos se aburran?», planteó la abogada.
Reclacó que «el tema del aplazamiento es una técnica que se está usando bastante. Tiene que ver con que la calidad de la prueba empieza a perderse, las víctimas muchas veces se aburren, con los testigos pasa lo mismo y, por otro lado, tenemos a una persona que está con una cautelar que le permite abonar. Todo esto puede ser que la defensa quiera seguir aplazando».
A juicio de Santibáñez, “al final, la justicia que tarda tanto no es justicia para nadie”.
