Con la investigación judicial en su fase final, la abogada María Elena Santibáñez, representante de la mujer que acusa al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, espera que el juicio oral se desarrolle durante el segundo semestre de este año. Su objetivo es que la causa llegue a tribunales entre septiembre y octubre, antes de que se cumpla un año desde los hechos denunciados. A su juicio, mantener un calendario acotado es clave para evitar una mayor exposición emocional de la víctima.
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En una entrevista en radio Cooperativa, Santibáñez indicó que el cierre de la investigación está previsto para el 15 de junio. A partir de esa fecha, se activarán los siguientes pasos procesales: la presentación de la acusación, la audiencia de preparación de juicio oral y, posteriormente, el inicio del juicio mismo. “Ese es el horizonte procesal que estimamos razonable, si no surgen nuevas demoras”, advirtió.
INVESTIGACIÓN AVANZADA Y ACUSACIÓN EN MARCHA
La abogada afirmó que la indagatoria ha progresado significativamente en los últimos meses, con gran parte de las diligencias ya cumplidas desde marzo. Añadió que la carpeta fiscal contiene cientos de páginas y que su equipo ya trabaja en la redacción de la acusación formal contra Monsalve, la cual será presentada una vez concluida la etapa investigativa.
Además, reveló que recientemente se incorporaron nuevos antecedentes que aún no han sido difundidos por los medios. Estos provienen principalmente de declaraciones de personas vinculadas al exsubsecretario y de funcionarios públicos que tuvieron contacto con él. Según la jurista, esos testimonios “confirman elementos que ya habían sido señalados por otros testigos durante la causa”.
PREOCUPACIÓN POR IMPACTO MEDIÁTICO
Santibáñez también expresó su preocupación por la constante filtración de antecedentes del caso a la prensa. Aseguró que estas publicaciones generan un profundo daño emocional a su representada, al obligarla a revivir episodios que había intentado dejar atrás. “Cada filtración significa exponerla nuevamente, con información que muchas veces desconocía o que se había evitado mostrarle para protegerla”, explicó.
La abogada calificó como ilícitas las filtraciones, ya que involucran información sujeta a reserva legal. Aunque reconoció que algunas podrían favorecer técnicamente a la víctima, insistió en que la exposición mediática es perjudicial en lo humano. “La difusión de estos antecedentes no aporta al proceso judicial y solo contribuye a su revictimización”, concluyó.
