Luis Antonio Espinoza, exabogado de la Dirección Jurídica de la municipalidad de Las Condes, apuntó a la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) por la fallida construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) y dijo que fueron las más altas autoridades comunales las que instruyeron que el negocio se realizara a través contratación directa en vez de licitación pública.
Recordemos que en el marco de esta investigación el municipio presentó una querella por presunto fraude al fisco, a la que posteriormente se sumó el Consejo de Defensa del Estado.
Entre los querellados figuran la exjefa comunal -el tribunal incluso autorizó el levantamiento de su secreto bancario- y el extenista Paul Capdeville.
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De acuerdo con Reportajes T13 operar bajo la vía de la contratación directa y no de la licitación es una nueva arista de la investigación.
Al respecto, el exabogado de Las Condes dijo que «ya con tiempo transcurrido y avanzada la investigación puedo ahora ver cosas que antes pasaron desapercibidas».
«Por ello, no puedo desconocer el hecho de que parte de la operación investigada adoleció de algunos vicios. La decisión de operar bajo la vía de la contratación directa y no de la licitación, le correspondió a las más altas autoridades del municipio”, aseguró Espinoza.
NEGOCIO REDONDO
La causa por el fallido intento de construcción de un Cesfam en Las Condes tiene actualmente demandados a cinco exfuncionarios públicos y a dos socios de la empresa Vulcon -entre ellos Capdevile-, que fue la encargada de la gestión inmobiliaria para la adquisición de terrenos donde supuestamente se construiría el centro de salud.
Esto implicó una inversión superior a $15 mil millones, de los cuales más de $11 mil millones fueron destinados a la compra de terrenos.
De acuerdo con los antecedentes revelados por el citado medio, la empresa compró una propiedad por $422 millones y posteriormente la vendió al municipio por $852 millones.
Según el abogado defensor de la empresa, Omar Abud, la diferencia de precio se explica por los costos asociados a corretaje y gestión inmobiliaria, los que habrían sido previamente acordados con el municipio.
