Gonzalo Medina, abogado de la diputada Catalina Pérez, dice que existen 30 tomos de la investigación en contra de la parlamentaria y que en ninguno de ellos hay evidencia para acusarla del delito de fraude al fisco.
A su juicio la imputación se basa en dos supuestos: que ella habría sugerido al exseremi Carlos Contreras invitar a Democracia Viva a participar como posible adjudicataria de fondos públicos destinados a asentamientos precarios, y que convenció a Andrade de aceptar esta invitación y asistirlo en su postulación y posterior adjudicación de los fondos públicos.
Paras el defensor eso es falso y «la Fiscalía no ha obtenido ni presentado absolutamente ninguna prueba, ni directa ni indirecta, que sustente estas dos imputaciones».
Más aún, acusó «elucubraciones, suposiciones o sospechas, que no están basadas en ninguna evidencia».
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En entrevista con La Segunda enfatizó que «mi rol es examinar las pruebas y mi conclusión es que ella no tuvo ninguna participación en los hechos de los que se la acusa. La diputada no participó, ni directa ni indirectamente, en que esos convenios se celebraran».
Medina también aseguró que «desde el comienzo de la investigación nos comunicamos con la fiscalía para ofrecer toda la colaboración que fuera requerida».
Asimismo, el abogado de Catalina Pérez insistió en que «la fiscalía ha realizado una investigación extensa contra mi representada, sin encontrar evidencias de participación en un supuesto fraude al fisco, no tiene explicación jurídica de por qué persisten en perseguirla».
«Hay más de 30 tomos que incluyen declaraciones, documentos, y también WhatsApp que dan cuenta que jamás cometió fraude al fisco, que no tuvo injerencia alguna en la firma de los convenios», agregó.
Detalló, además, que «uno de los informes que la Fiscalía no ha filtrado fue elaborado por la PDI tras investigar a fondo sus cuentas corrientes, llegando a la conclusión de que ella no recibió ni un peso proveniente de esos convenios».
DELITO DE ABORTO
Medina también se refirió al presunto delito de aborto que surgió de la revisión del teléfono celular de su defendida.
Al respecto dijo qu «la prensa tuvo detalles de esta investigación antes que yo y los publicó antes de que esta defensa tuviera acceso a la carpeta investigativa sobre esto. Reclamé ante la Fiscalía Nacional ante esta evidente irregularidad y se tomó la decisión de sacar este caso de la Fiscalía de Antofagasta y trasladarlo a una fiscalía metropolitana».
Añadió que «entendemos que lo que se investiga y por lo cual se pide el desafuero es por el posible delito de fraude al fisco. No entiendo que tiene que ver eso con la situación ginecológica de mi representada».
Para el abogado de Catalina Pérez «lo que definitivamente es inaudito es que un grupo de agentes de la PDI allane intempestivamente una clínica de salud e incauten fichas ginecológicas de una paciente, alterando la tranquilidad de otras pacientes, y que luego esas fichas se filtren a la prensa».
«Esto tiene más aspecto de ensañamiento que de búsqueda objetiva de la verdad. Esto solo se explica por la debilidad de la solicitud de desafuero», recalcó.
