El abogado de la senadora Isabel Allende solicitó al Tribunal Constitucional (TC) el “completo rechazo” a los requerimientos que buscan su destitución.
Esto, luego de la admisión del requerimiento presentado por Chile Vamos y el Partido Republicano, por la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado.
Ambos grupos de parlamentarios de oposición acusaron que la hija del exmadatario incurrió en incompatibilidad e ilegalidad al haber suscrito el contrato de compraventa de la vivienda ubicada en la calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia.
Gabriel Osorio, en su respuesta de 47 páginas, planteó que las acciones legales, que fueron presentadas los días lunes 13 y miércoles 15 de enero ante el TC en contra de Allende se basan en hechos “erróneamente” interpretados.
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Explicó que, aunque se intentó comprar la casa, el trato no se concretó ni se utilizaron fondos públicos, por lo que no habría existido un contrato formal con el Estado. Además, mencionó que no se presentaron las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones.
También solicitó que se oficie a seis entidades del Estado, para la recopilación de información extra, Las entidades son:
–Contraloría General de la República
-Servicio Nacional del Patrimonio Cultura
-Gabinete de la ministra de Bienes Nacionales
-División de Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales
-Ministerio de Bienes Nacionales
-Conservador de Bienes Raíces de Santiago
Osorio también destacó que en los requerimientos de los diputados en contra de Allende ante el TC “no se indicaron las diligencias probatorias con que se pretenden acreditar los hechos que se invocan”.
EN LA LEY DE PRESUPUESTO
Entre las primeras consideraciones expuestas por Osorio, hace presente que “el inicio del procedimiento administrativo de compra y adquisición de casas presidenciales se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria histórica, que tienen su origen tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Público chileno”.
De aquello se desprende que la adquisición “no tiene un interés privado, sino un interés eminentemente público”.
En ese sentido el abogado de Isabel Allende destacó que la ley de Presupuesto 2024 contempló expresamente recursos para la adquisición de casas presidenciales.
“En efecto, la partida presupuestaria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la cual fue debidamente aprobada tanto en general como en particular por el Congreso Nacional, estableció expresamente la adquisición de dichas viviendas”, detalló.
Añadió que “no es una compraventa aparecida de la nada. Es un procedimiento de adquisición que tiene fuentes legales, y cumple las obligaciones que fija el Ordenamiento Jurídico”.
